Madrid, 31 jul (EFECOM).- El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, se aferra a la supervisión de los organismos públicos para defender la salida a bolsa de la entidad, e insiste en que la reformulación de las cuentas "veraces" de 2011 se debió al adelanto, a instancias del Gobierno, del informe del FMI crítico con el banco.

En su escrito de conclusiones definitivas, remitido ayer a la Audiencia Nacional, Rato sostiene que la difusión del documento el 25 de abril de 2012 "provocó una reacción no ajustada al normal devenir de la supervisión bancaria encomendada al Banco de España" que "incrementó sustancialmente la crisis de confianza de los mercados en la economía española y en Bankia".

El exministro asegura que el informe desencadenó una oleada de medidas del Ministerio de Economía, encabezado por el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos.

Como en su declaración, Rato vincula a De Guindos con su marcha de la entidad el 9 de mayo de 2012, dimisión que le fue "solicitada" en una reunión informal con el ministro y los presidentes del Banco Santander, BBVA y La Caixa "sin que el Banco de España ni sus máximos responsables tuvieran conocimiento ni intervención".

Lejos de limitarse a un relevo en la gobernanza, la crítica del FMI también afectó a las cuentas anuales de 2011, ya mermadas por los efectos de la segunda recesión, a la que la defensa del expresidente de Bankia se refiere como la peor crisis "en tiempos de paz".

Ambas circunstancias obligaron al nuevo equipo de José Ignacio Goirigolzarri a reformular dichos estados, que arrojaron 3.000 millones de pérdidas al incrementarse los deterioros "en un cambio de estimaciones sobre la base de hechos sobrevenidos".

Rato vuelve así a apuntar a De Guindos, que como testigo negó cualquier tipo de presión y descartó que el Ejecutivo hubiera influido al FMI para adelantar su publicación, uno de los documentos claves para defensas y acusaciones como la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).

Tanto es así que la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde fue llamada a testificar sobre el asunto, y tras una serie de problemas el tribunal rechazó conceder más tiempo a la francesa, que alegó que el cuestionario, enviado a través de una valija diplomática, llegó "deteriorado y mojado".

Respecto a las acusaciones, Rato, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide ocho años y medio de prisión por falsedad contable y estafa a inversores, rechaza tales irregularidades y apunta que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) vigilaron "in situ" la integración de las siete cajas y el debut bursátil de Bankia.

Mientras el escrito de Rato, al que ha tenido acceso Efe, conserva la esencia de sus conclusiones provisionales, el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, para el que la Fiscalía solicita cinco años de cárcel, hace hincapié en el nuevo delito de falsedad contable.

En su opinión, es una imputación "sorprendente" cuando el Ministerio Fiscal, "con las mismas pruebas y tras una instrucción muy completa", concluyó en 2017 que las cuentas de BFA de 2010 y las incluidas en el folleto de la salida a Bolsa no podían ser falsas.

El exbanquero argumenta que dimitió el 21 de noviembre de 2011, de modo que ni intervino en la formulación de las cuentas anuales ni en posteriores ajustes; no obstante, demuestra su confianza en la entidad "antes, durante la salida a Bolsa y también después de dimitir".

El ex número dos del banco, Francisco Verdú, el único para el que la fiscal Carmen Launa ha rebajado su petición a entre seis y nueve meses de cárcel, dice carecer "de toda competencia sobre la auditoría interna" u otras áreas como la inmobiliaria, puesto que se limitaba a gestionar el negocio.

Los integrantes de los comités de auditorías del grupo también claman contra el "giro copernicano" de la Fiscalía, que ahora solicita para ellos entre dos años y medio de prisión y un año de cárcel conmutable por multa por presunta falsedad contable.

Uno de los vocales en BFA, Remigio Pellicer, proclama que "siempre adoptó las decisiones que diligentemente cabía adoptar, actuando con la máxima lealtad a la entidad y en interés de la sociedad y de sus accionistas".

Y apunta que "nunca" se concertó o cooperó con ningún directivo para falsear las cuentas, sino que "tenía el pleno convencimiento de que la información facilitada era exacta, concreta y veraz".

Otro de los protagonistas es el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, que tras los cambios de Anticorrupción hace frente a dos años de prisión.

Su defensa sostiene que la salida a bolsa es "una típica decisión de gestión" fuera de sus competencias, por lo que no pudo decidir "ni de qué manera se tenía que salir; ni cómo se comercializaba o se publicitaba la campaña de lanzamiento; ni fue autor ni asesor, de ninguna forma, del folleto".

Aún así avala los estados de Bankia a 31 de marzo de 2011, usados para la operación y que fueron auditados por Celma -que mostró una "escrupulosa adecuación a su función"- pues "sí reflejaban la imagen fiel de la situación" del banco.