La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, ha decidido dar marcha atrás y levantar el secretario bancario, con lo que la Superintendencia de Administración Tributaria tendrá acceso a la información bancaria de los contribuyentes.

El pleno de magistrados, según da a conocer la resolución divulgada este martes, ha declaro sin lugar una acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial que anuló, en 2018 y de forma provisional, un artículo de la Ley orgánica de la Superintendencia que anulaba el secreto bancario.

El artículo que se restituye es el 30 en su literal C, el cual había sido añadido en la reforma a la Ley de la Hacienda guatemalteca, en 2016.

Un inciso que señala que el ente de Administración Tributaria podría requerir "información sobre movimientos bancarios, transacciones, inversiones, activos disponibles u otras operaciones y servicios realizados por cualquier persona individual o jurídica, ente o patrimonio" a las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos "en casos de duda razonable de sus actividades u operaciones que ameriten un proceso de investigación".

Ahora con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, que cobrará vigencia tras ser publicada en el diario oficial (Diario de Centro América), el secreto bancario cobra vigencia en el país, tal y como pedían varios sectores.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales habían advertido de los peligros que a su juicio conllevaba retroceder en materia de transparencia tributaria al revivir el secreto bancario.

Las consecuencias que podría enfrentar Guatemala en caso de que se declarara en definitiva la inconstitucionalidad, según las dos organizaciones, sería una calificación negativa en la próxima evaluación del Foro Global de la Ocde; respuesta negativa a solicitud de ingresar al Centro de Desarrollo de la Ocde, o deterioro de la calificación de riesgo país para operaciones financieras internacionales.

Pero también habría un riesgo de que la Unión Europea incluya a Guatemala en su lista de "paraísos fiscales", una evaluación negativa del Grupo de Acción Financiera Internacional o deterioro de la posición de Guatemala en el informe Doing Business.