La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha afirmado que el 'caso Villarejo' puede afectar a la reputación de BBVA, aunque ha pedido esperar a que la cuestión se aclare por parte de la Justicia. En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, la responsable de la cartera económica del Gobierno ha indicado que, "sin duda", la contratación por parte de BBVA de los servicios del excomisario encarcelado José Manuel Villarejo puede afectar en primer lugar a la reputación de la entidad, si bien no cree que pueda haber efecto contagio para el resto del sector.

No obstante, ha delegado la responsabilidad en la Justicia, indicando que se debe esperar a que sea esta la que aclare "cuanto antes" si ha habido o no prácticas que puedan ser constitutivas de un delito. "Eso lo tendrá que aclarar la Justicia", ha añadido.

Esta investigación se enmarca en la novena pieza del 'caso Tándem', relativa a los trabajos desempeñados por el policía (que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017) durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros. Esta pieza, que se encuentra bajo secreto de sumario, es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores. De hecho, podría considerarse una causa en sí misma dada la abundancia de contratos y de aristas en cada uno de los trabajos que la mercantil de Villarejo, Cenyt, habría venido desempeñando para el BBVA desde el año 2004.

OPERACIÓN TRAMPA

La parte más conocida es la denominada 'operación Trampa', el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el consejo de administración del banco.

Según varias informaciones periodísticas, el excomisario facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras la difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación interna para esclarecer los hechos.

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano --también excomisario de la Policía--, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Incluso BBVA está imputada como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios.

Igualmente se investiga a otras ocho personas. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su exdirector de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.