Lisboa, 15 ago (EFECOM).- La patronal del sector de los transportistas, Antram, rechazó la propuesta de los huelguistas para sentarse a negociar, al menos mientras siga en vigor el paro, que desde el lunes mantiene a Portugal en estado de crisis energética.

"No podemos, desgraciadamente, reunirnos con una espada sobre la cabeza, no podemos negociar de esa forma", dijo a periodistas uno de los vicepresidentes de la patronal, Pedro Polónio, en respuesta a la petición que los huelguistas realizaron este miércoles.

Antram sostuvo que es imposible negociar "bajo amenaza de huelga" y puso como ejemplo las reuniones que mantiene con la Federación de Sindicatos de Transportes y Comunicaciones (Fectrans), la mayor estructura sindical del sector de transportes del país y que, paradójicamente, no se ha adherido a la huelga iniciada este lunes.

Con Fectrans se ha alcanzado esta madrugada un acuerdo para incrementar el salario de los transportistas en 120 euros mensuales el año que viene, algo celebrado por el primer ministro, el socialista António Costa.

"En este caso imperó el sentido común y el diálogo. Se concilió el respeto por los derechos de los trabajadores y los intereses de las empresas, posibilitando negociar sin confrontación. Que sea un ejemplo seguido por otros", escribió en su cuenta de Twitter.

Se trata de una alusión velada al convocante del paro que afecta al suministro de combustible en Portugal desde el lunes, el Sindicato Nacional de Conductores de Mercancías Peligrosas (SNMMP), cuyo pulso ha desembocado en una intervención legal por parte del Ejecutivo.

Dicha intervención legal, denominada requisición civil, ha levantado ampollas esta semana porque se trata de un instrumento extremo que no solo moviliza a los militares para garantizar el suministro, sino que obliga a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para el abastecimiento esencial.

Si se niegan, pueden afrontar incluso penas de cárcel por desobediencia.

Hasta el momento catorce personas han sido notificadas por haberse negado a acatar la requisición civil, que ha sido aplicada por el Gobierno de forma parcial en varias infraestructuras del país en la que no se estaban cumpliendo los servicios mínimos decretados, como en los aeropuertos de Lisboa y Faro.

Si estos mínimos se incumplen de nuevo en otros lugares del país, el gabinete ampliará dicha intervención, según han advertido durante la semana varios ministros.