El conflicto de los vigilantes del Aeropuerto de Barcelona se encuentra enquistado tras dos semanas de huelga indefinida del personal de Trablisa, concesionaria del servicio, y amenaza con entrar en una etapa de judicialización por la existencia de demandas cruzadas entre empresa y comité.

La huelga de la plantilla de Trablisa, encargada de la vigilancia en los controles de viajeros, cumple este lunes la jornada número 18 sin que se hayan producido incidencias en el aeropuerto como consecuencia, sobre todo, de unos servicios mínimos del 90 % y de la presencia en los filtros de seguridad de agentes de la Guardia Civil.

"La empresa no ha cambiado su posicionamiento desde el inicio del paro. Todo sigue igual, excepto por el hecho de que entramos en una nueva etapa de judicialización del conflicto", ha explicado a Efe el asesor del comité de huelga, Juan Carlos Giménez.

De momento, el comité de los vigilantes de seguridad y la empresa concesionaria se verán las caras en los tribunales el próximo 18 de septiembre después de que Trablisa reclamara que se considere "ilegal" la convocatoria de paros.

La respuesta del comité ha sido reunirse con el gabinete jurídico que les asesora para estudiar posibles demandas contra la empresa por una eventual vulneración de derechos fundamentales como el de huelga.

De momento, están a la espera de obtener las imágenes de las cámaras de los filtros de seguridad del aeropuerto, que un juzgado de El Prat ha instado a Trablisa a facilitar al comité, para concretar las posibles demandas, que podrían incluso ir contra Aena, el gestor aeroportuario.

En declaraciones a Efe, Giménez se ha mostrado convencido de que estas imágenes podrán demostrar que los agentes de la Guardia Civil cometen irregularidades, el exceso de horas extras por parte del personal y que "en los filtros muchas veces hay más guardias civiles que vigilantes".

Trablisa ha asegurado, por su parte, que los agentes de la Guardia Civil que están en los filtros sólo actúan de manera puntual si creen que el ritmo de paso de los viajeros es demasiado lento y ello pone en riesgo la seguridad.

Al mismo tiempo, ha admitido que se han trasladado a algunos trabajadores de otras bases hasta El Prat para cubrir alguna baja de salud pero recuerda que es "completamente legal".

El comité ha convocado también para el 3 de septiembre una concentración en la T1 del aeropuerto para denunciar "las presiones de la Guardia Civil sobre los vigilantes".

"El conflicto se judicializará y la huelga indefinida continuará", ha asegurado el portavoz y asesor del comité, que ha denunciado "las licitaciones usureras" de Aena en El Prat y que, a su juicio, están detrás de la protesta.

Los vigilantes reclaman mejoras salariales y laborales que la compañía rechaza negociar con el argumento de que se está cumpliendo de manera estricta el convenio colectivo y el laudo de 2017, con el que se cerró la huelga de hace dos veranos en el colectivo de trabajadores de los controles de seguridad.