Madrid, 1 sep (EFECOM).- La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio por la salida a bolsa de Bankia en la que será una de sus últimas sesiones, jornada que comenzará con el informe de Anticorrupción después de que la fiscal Carmen Launa ampliara sus conclusiones y añadiera un presunto delito de falsedad contable.

Dicha modificación podría endurecer el futuro no sólo del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato -para el que ahora pide ocho años y medio de cárcel- y del resto de antiguos gestores, sino también de otra decena de exconsejeros de las comisiones de auditoría a los que eximía inicialmente y que se enfrentan a entre dos años y medio y un año de prisión conmutable por multa.

Así lo comunicó la representante del Ministerio Público a la sección cuarta de la sala de lo Penal el pasado 22 de julio, cuando entregó a las partes su acusación final, según la cual Rato, al que asimismo atribuye un delito de estafa a inversores, "en todo momento" comandó la iniciativa para la salida a bolsa de Bankia.

Para Anticorrupción, "antes incluso de solicitar la autorización al Banco de España, no digamos ya de obtener su aprobación, Rodrigo Rato y su equipo habían anunciado la operación, habían iniciado una imponente campaña publicitaria e iniciaron la segunda segregación para salir al mercado con una estructura de doble banco".

De este modo, el debut bursátil de julio de 2011, sostiene Launa, buscó evitar la entrada de capital público en el grupo, lo que habría conllevado un cambio "profundo" en la gobernanza, hecho que demostraría que en la decisión final confluyeron los intereses públicos "con los privados de los administradores de Bankia de conservar sus puestos en la ya entonces cuarta entidad financiera".

A estos argumentos hará mención la fiscal en la sesión, en la que verbalizará su acusación contra Rato, que se habría aprovechado de su "prestigio" para encarnar "el ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas de Bankia, muy alejadas de la realidad".

Pero también contra el que fue su número dos, José Luis Olivas, que "no sólo participó en las decisiones que ocultaron la realidad en los estados, sino que desde su privilegiada situación como presidente de Bancaja -una de las siete cajas de BFA- y Banco de Valencia", no incluyó las advertencias debidas en el folleto.

Por este motivo, solicita para él cinco años de prisión por presunta falsedad en las cuentas de 2010, delito al que suma el de estafa a inversores y por el que reclama para el ex consejero ejecutivo de Bankia José Manuel Fernández Norniella hasta seis años de prisión.

No obstante, el escrito que se expondrá este lunes rebaja la petición de la Fiscalía para el antiguo vicepresidente de Bankia Francisco Verdú a entre seis o nueve meses de prisión, pues a pesar de su "destacada situación" no se ha probado que "hubiera obtenido información suficiente para calibrar los deterioros".

La acusación se hace extensible a Ildefonso Sánchez Barcoj, Miguel Ángel Soria, Alberto Ibáñez, Araceli Mora, Pedro Bedía, Remigio Pellicer, José Rafael García Fuster, Mercedes Rojo y al exministro del Interior, Ángel Acebes, como integrantes de los comités de auditoría.

La lista de Anticorrupción la completan el socio auditor de Deloitte Francisco Celma, al que pide dos años de prisión por omitir "conscientemente" cualquier diligencia en su "limitado, anómalo e irregular análisis" sobre las cuentas de la integración, al igual que al interventor de Bankia, Sergio Durá.

En la misma línea se pronunciará el grueso de las acusaciones, si bien algunas como Adicae mantienen peticiones superiores de hasta 15 años de cárcel para una treintena de personas.

Las defensas proclamarán la inocencia de los exconsejeros y exdirectivos; así, las de Rato y Acebes denunciarán la "triquiñuela procesal" por la que se les atribuye una supuesta falsedad contable que no era objeto del juicio.

Más técnico se mostrará el letrado del expresidente de Bankia, que se aferrará al papel de los organismos para defender la salida a bolsa, e insistirá en que la reformulación de las cuentas "veraces" de 2011 se debió al adelanto, a instancias del Gobierno, del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) crítico con el banco.