La Fiscalía Anticorrupción ha destacado este martes en el juicio por la salida a bolsa de Bankia que hubo artificios contables en las cuentas de 2010 de BFA, matriz de la entidad, números que mostraban pérdidas que fueron ocultadas.

La fiscal Carmen Launa ha proseguido con la lectura de su informe final, y ha asegurado que tal y como quedó demostrado durante las sesiones del juicio, todo tuvo como finalidad dar apariencia ficticia de solvencia a Bancaja, una de las siete cajas que dieron lugar a Bankia, y por consiguiente a BFA, para maquillar los recursos propios en nada menos que 1.300 millones de euros.

En concreto, se ha referido a cómo BFA contabilizó de forma irregular una importante operación en una de sus filiales, lo que le permitió cumplir con los requisitos de solvencia en 2010, para intentar maquillar la escasez de recursos propios; con ello se incumplió la normativa contable, ya que dicha operación constituía un pasivo.

Se trata de la venta del 30 % de Bancaja Inversiones (BISA) a Picton y Deutsche Bank en 2007 por algo más de 1.300 millones de euros, aportación que fue computada como recursos propios.

Launa ha arremetido también contra el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, que realizó sus trabajos sin hacer ningún tipo de prueba, y constató irregularidades "consentidas al no ser denunciadas", ya que no consta que se realizara diligencia alguna que hiciera aflorar el déficit ocultado.

Muy distinta, ha añadido Launa, fue la diligente labor desempeñada por Francisco Celma en las cuentas de BFA-Bankia de 2011.

Los motivos de este cambio de actitud, ha aclarado, pueden ser múltiples, pero en su opinión "la evidente inviabilidad del grupo era ya algo innegable".

La Fiscalía Anticorrupción presentó a finales de julio su escrito definitivo de conclusiones, en el que solicita ocho años y medio de cárcel para el expresidente de Bankia Rodrigo Rato por estafa a inversores y falsedad contable.

Asimismo, pide cinco y seis años de prisión, respectivamente, para el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas y ex consejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella; el que fuera número dos de la entidad, Francisco Verdú, se enfrenta a entre seis y nueve meses de cárcel.