Buenos Aires, 10 sep (EFECOM).- Los funcionarios públicos de Argentina comienzan una huelga este martes para reclamar un reajuste de salarios debido a la alta inflación del país y la reincorporación de las personas despedidas durante los últimos meses.

Habrá movilizaciones en todo el país además de la marcha principal de Buenos Aires, bajo la convocatoria de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), que llamaron al paro nacional en un momento en el que la crisis económica que vive el país austral desde abril de 2018 se recrudeció.

El día después de las elecciones primarias del 11 de agosto pasado, la Bolsa se desplomó y el dólar comenzó a escalar, algo que el propio Gobierno ha reconocido que se verá reflejado en el dato de la inflación de agosto, que se conocerá este jueves.

Hasta el momento, el último dato de inflación disponible es el de julio, que era del 54,5 interanual pero se encontraba en desaceleración antes del agravamiento de la crisis.

"La medida está enmarcada en exigir la reincorporación de todas y todos los trabajadores despedidos, reapertura salarial, restablecimientos de todos los programas que fueron dados de baja, el rechazo al acuerdo entre el Gobierno y UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación) para la estabilidad", dijeron desde la ATE en un comunicado.

En Argentina, cada sector tiene sindicatos que negocian con las entidades públicas los aumentos de sueldo con arreglo a la inflación, las llamadas paritarias.

Muchas de esas negociaciones han quedado en los dos últimos años desactualizadas, al crecer la inflación por encima de los aumentos acordados.

La manifestación central de la capital sigue uno de los recorridos habituales de Buenos Aires, desde la avenida 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo, donde se encuentra la sede del Gobierno argentino, la Casa Rosada.

En las últimas semanas, diferentes sectores se han manifestado contra el Gobierno por la situación del país, y el oficialismo recibió un correctivo en las elecciones primarias de agosto, en las que la oposición peronista sacó 16 puntos de ventaja sobre el presidente, Mauricio Macri.

Varios sectores de la sociedad, como la Confederación General del Trabajo (CGT) -una de las mayores centrales sindicales del país- y la Iglesia Católica han reclamado al Gobierno que decrete la emergencia alimentaria por la crisis.