Atenas, 16 sep (EFECOM).- Los representantes de las instituciones acreedoras de Grecia, cuyos técnicos llegan este lunes a Atenas para preparar la cuarta evaluación postrescate del país, analizarán el impacto financiero de las medidas fiscales que presentó el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el 7 de septiembre.

Los jefes de misión de los acreedores -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- llegarán a Atenas la semana que viene para examinar si estas medidas permiten alcanzar los objetivos financieros de Grecia para el periodo postrescate.

Grecia debe generar un superávit primario- que excluye el servicio de la deuda- del 3,5 % del producto interior bruto (PIB) hasta 2022, y las medidas que anunció Mitsotakis suponen una reducción de los ingresos de Estado en 1.200 millones de euros en 2020.

Mitsotakis anunció para 2020 la rebaja del impuesto de sociedades del 28 % al 24 %, y la reducción del impuesto sobre los dividendos del 10 % al 5 %.

A ello se añadirá una suspensión del pago del IVA durante tres años para toda nueva construcción y una rebaja del 40 % para los trabajos de reforma o mejora de viviendas.

Además, Mitsotakis se ha comprometido a no revocar las medidas sociales que aprobó el Gobierno anterior de Alexis Tsipras el pasado mayo, que suponen una reducción anual de los ingresos de Estado de más de 1.000 millones de euros.

El argumento principal del Ejecutivo es que Grecia logre en 2020 un objetivo del superávit primario, gracias a la aceleración del crecimiento de la economía, que, según las previsión de la CE, será del 2,2 %.

El Gobierno cree que el paquete de alivios fiscales y la ley para facilitar la creación de empresas, que será presentada al Parlamento en octubre, provocarán un repunte del crecimiento.

Según los medios locales, el Gobierno está dispuesto a reducir las inversiones públicas para convencer a las instituciones acreedoras, algo que ya hizo el Ejecutivo de Tsipras.

Mitsotakis pretende, además, que las instituciones acreedoras reduzcan el objetivo de superávit primario para Grecia a partir de 2020.