La plantilla de Vesuvius ha realizado este martes una marcha desde la planta asturiana de Riaño, en Langreo, hasta la Junta General, en Oviedo, donde se han concentrado más de 1.200 personas para reclamar la ayuda de los grupos políticos para frenar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la multinacional, que supondría el cese de la actividad industrial.

La marcha que partió sobre las 8:00 horas de la planta langreana ha llegado al Parlamento asturiano en torno a las 13:30 horas entre pitidos y el estruendo de los petardos.

A su llegada a la capital del Principado, se han sumado a la marcha cientos de personas llegadas en autobús desde Gijón, Avilés y las cuencas del Nalón y del Caudal, fletados por el sindicato CCOO.

Bajo el lema "#VesuviusNoSeCierra y #VesuviusSomosTodos", y entre cánticos defendiendo la continuidad de la actividad de la multinacional, la manifestación ha concluido frente al Parlamento asturiano, donde miembros del comité de empresa y de CCOO se han reunido con representantes políticos de todos los grupos.

El presidente del comité de empresa de Vesuvius, Juan Manuel Suárez, ha anunciado que el siguiente paso será "ir a Bruselas a hablar con eurodiputados".

Las movilizaciones de estos trabajadores se mantienen tras la negativa de la dirección del grupo Vesuvius, dedicado a la elaboración de productos refractarios para la siderurgia, de retirar el ERE en la última reunión celebrada el pasado jueves en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC).

La multinacional, con sede en el Reino Unido, ha explicado que el ERE, que ha presentado por "causas organizativas-estructurales" ante el deterioro de la industria del acero, supondrá el cese de la producción industrial, así como de algunas funciones administrativas.

Vesuvius tiene previsto cerrar su planta de producción de Langreo y deshacerse de la mayor parte de los trabajadores que integran su plantilla a través de un ERE del que se librarían menos de veinte empleados que se quedarían para hacer labores comerciales y de venta, un expediente de regulación que también afectaría a los diecisiete trabajadores de la planta burgalesa.

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