Bruselas, 26 sep (EFECOM).- La ministra española de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, abogó este jueves por que la Unión Europea (UE) desarrolle un impuesto al carbono en la frontera para que las empresas europeas no se vean perjudicadas frente a las de otros países por reducir sus emisiones.

"Necesitamos seguir impulsando la descarbonización, pero hemos de garantizar una transición que permita adecuar a nuestras empresas y evitar adoptar medidas que generen desventajas competitivas frente a operadores de terceros países", dijo Maroto en un debate durante el consejo de ministros de Competitividad de la UE.

Para garantizar esta "competencia real", la titular de Industria abogó por este impuesto en la frontera, pero también por otras medidas como tasas medioambientales o la imposición de cuotas a la importación de productos siderúrgicos de terceros países.

En el debate, centrado en el crecimiento sostenible, Maroto defendió también que la legislación comunitaria en materia de Competencia "debe ganar flexibilidad" para adaptarse a la nueva realidad económica sin establecer requisitos "excesivos" para las empresas europeas y "colaborar" también a incrementar su productividad.

En los últimos años, dijo, esta normas han encontrado dificultades para dar respuesta a los desafíos que suponen la descarbonización, digitalización y globalización de la economía.

Maroto defendió asimismo que la nueva Comisión Europea tiene que "reforzar la política industrial" y que la transición hacia una económica baja en carbono requiere "un refuerzo de la financiación" para acompañar a la industria manufacturera en su adaptación, según explicó en declaraciones a la prensa tras la reunión.

Las medidas mencionadas por la ministra española llevan meses sobrevolando el debate comunitario sobre cómo hacer frente a la competencia industrial de terceros países y, en concreto, de China, cuyas empresas plantan cara a las europeas en el mercado global dopadas con subsidios públicos.

La imposición de una tasa al carbono en la frontera es una reivindicación de algunos sectores, como el siderúrgico, que se quejan del coste que tiene competir con importaciones que llegan de países donde los productores no cumplen las mismas obligaciones medioambientales y, por tanto, no asumen el gasto que conllevan.

Este tipo de impuesto permitiría igualar el precio de la producción local y la importada, con lo que las firmas europeas no se verían perjudicadas por reducir sus emisiones.

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ya había solicitado a sus homólogos comunitarios explorar "con urgencia" esta medida, así como había planteado la posibilidad de tasas de tipo medioambiental como el impuesto a los gases fluorados que ya existe en España.

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