La ciudad de Berlín ha adquirido 6.000 apartamentos de una gran inmobiliaria por 920 millones de euros con el objetivo de ampliar su parque de vivienda social en un momento en el que el precio de los alquileres se ha convertido en una de las principales preocupaciones en la capital.

La responsable de Desarrollo Urbanístico del ejecutivo regional, Katrin Lompscher, confirmó este viernes la decisión de la ciudad-estado de recomunalizar estas viviendas, que pertenecieron hace años a la agencia pública GSW, que ya las arrendaba como vivienda social, pero luego fueron adquiridas por Deutsche Wohnen, uno de los gigantes del sector inmobiliario alemán.

"Con la adquisición de cerca de 6.000 viviendas cerramos hoy la mayor compra para recomunalizar viviendas de la historia de Berlín", aseguró Lompscher. La responsable tachó de "error" la decisión de anteriores gobiernos de vender estos inmuebles a empresas privadas dentro de las medidas de austeridad a que tuvo que someterse Berlín por presión del Gobierno federal.

Ahora, consideró Lompscher, los inquilinos de estos bloques han recuperado la "seguridad" ante las subidas generalizadas de los alquileres. La compra de los apartamentos, en dos barrios distintos en el norte de la capital (Berlín-Spandau y Berlín-Reinickendorf), se sellará en diciembre de este año.

El gobierno de la ciudad-estado de Berlín, un tripartito de izquierdas, adquirió ya en julio 670 viviendas en el centro de Berlín, aunque en aquella ocasión el precio de la operación no trascendió. La compra se cerró tras semanas de movilizaciones sociales.

La decisión se suma a una serie de medidas que el Ejecutivo regional ha puesto en marcha en los últimos meses ante las crecientes protestas de los berlineses por las fuertes subidas de los alquileres, como el plan para congelar los alquileres durante cinco años o el proyecto para establecer topes a las subidas.

Algunos colectivos exigen directamente la expropiación de las grandes inmobiliarias que operan en la capital, como Deutsche Wohnen, algo a lo que se opone el Gobierno regional.