El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha prometido esta noche en Valencia que las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se aprobarán antes de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Al final de su discurso en un mitin, y hablando de la financiación autonómica, ha lamentado que otros se "rasguen las vestiduras ahora" pidiendo las entregas a cuenta, y ha señalado que si no hubiese un Gobierno en funciones "no habría ningún problema".

También, ante las peticiones de más recursos, ha criticado a quienes votaron en contra de los objetivos de estabilidad y de los presupuestos.

"Pero mirad, aún así y con todo este Gobierno en funciones va a cumplir con las comunidades autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre", ha añadido.

El presidente se ha comprometido además a actualizar las pensiones el próximo año "para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo", acabar con la LOMCE, derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores y poner en marcha un plan de vivienda que permita precios asequibles en alquiler o propiedad.

Fuentes gubernamentales han explicado que las entregas a cuenta se aprobarían en Consejo de Ministros mediante un Decreto Ley, pero antes de que dicha norma salga adelante se necesita el visto bueno de la Abogacía del Estado.

Al estar en funciones, el Ejecutivo tiene que justificar dos cosas ante la Abogacía del Estado: que la decisión que se tome no compromete al Gobierno entrante y que el decreto responde a una necesidad perentoria.

Los dos supuestos, apuntan las fuentes del Ejecutivo, se cumplen, primero porque las entregas a cuenta son anticipos -y si no de dan ahora se darían después- y segundo y más importante porque hay comunidades autónomas que necesitan urgentemente esa aportación, como la Valenciana y Murcia.

Todavía quedan, en cualquier caso, pasos por dar, como la argumentación que Hacienda mandará a la Abogacía del Estado para que le dé luz verde.

Si las entregas a cuenta se aprueban antes de las elecciones generales como ha prometido Sánchez, al ser un decreto ley tendrán que ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso.

En el Ejecutivo son conscientes de que la noticia puede provocar la crítica de la oposición, que tache la medida de electoralista, pero las fuentes consultadas insisten en que si se aprueban ahora será por la necesidad que tienen sobre todo las regiones con más aprietos de financiación.

Recuerdan además que otros partidos han reclamado dichas entregas.