Maroto garantiza aprobar el estatuto electrointensivo en cuanto haya Gobierno
La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha reiterado este martes el “compromiso” del Ejecutivo central de aprobar el estatuto para la industria electrointensiva tan pronto como haya gobierno tras las elecciones del 10 de noviembre.
“Nos hemos comprometido a aprobar el estatuto electrointensivo nada más se conforme el Gobierno, por lo que esperamos contar con la confianza de los españoles” en los comicios del próximo mes, ha incidido la ministra en funciones tras participar junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una visita al complejo industrial de Alcoa, en San Cibrao, la única planta de la multinacional del aluminio operativa en Galicia.
Maroto ha hecho hincapié en el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez durante estos “quince meses” ha puesto en la agenda la necesidad de un “marco estable” para la industria electrointensiva, pero no se ha podido llevar a cabo debido al adelanto electoral que derivó en las elecciones del 28 de abril y el “posterior bloqueo político”.
La ministra ha evidenciado este compromiso tras participar en una visita a la fábrica lucense en la que tanto la empresa como el Gobierno autonómico le han reclamado medidas que palíen el coste del aumento del precio de la energía que impide a Alcoa, según han lamentado, ser competitiva.
El presidente de Alcoa España, Álvaro Dorado, ha puesto de relieve el impacto que la fábrica tiene en Galicia puesto que con 2.000 trabajadores directos genera “el 32 % del PIB de la provincia de Lugo”.
Para continuar repercutiendo de forma positiva en la comarca, ha subrayado Dorado, es preciso un “compromiso sólido y estable” con la industria, para lo cual es imprescindible un “marco regulatorio que nos permita competir globalmente”, algo que ahora no es posible “con un precio de la energía tan alto”.
El aumento del coste energético ha colocado a la planta de aluminio en una situación “comprometida” a la que hay que hacer frente desde una estrategia público-privada en la que es necesario que se ofrezcan unos costes “competitivos” así como “certidumbre en nuestro marco energético”, ha añadido.
Por ello, el estatuto electrointensivo precisa de medidas firmes que repercutan en el coste de la energía porque sino el “impacto” será “mínimo e insuficiente”, ha puntualizado.
“No quisiera alarmar pero sí constatar la urgencia con la que requerimos medidas adicionales”, ha concluido el responsable de Alcoa en España.
A esta argumentación se ha plegado el presidente de la Xunta, que ha agradecido la “claridad” de Alcoa en sus demandas, de forma que ha exigido conocer el “alcance” del estatuto para la industria electrointensiva ya que debe incluir un precio de la energía que permita a las empresas hiperelectrointensivas ser competitivas.
“Es evidente que el estatuto lo tenemos que conocer para poder mandar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores y a la sociedad”, ha apuntado Feijóo, que ha insistido en que “necesitamos un panorama energético que dé seguridad, no solo a las electrointensivas, sino a las hiperelectrointensivas” como es el caso de Alcoa en San Cibrao que está en una situación preocupante ante el aumento en el coste de la electricidad.
“No les oculto que estamos preocupados”, ha admitido el presidente autonómico que, en todo caso, ha asegurado que el Ejecutivo gallego dará su respaldo al próximo Gobierno central que salga de las urnas “con independencia de quién sea, quién venga o quién se mantenga”.
Para Feijóo es necesario volver a “los costes energéticos que había antes de 2018” ya que, de lo contrario, “seguirá habiendo tensiones” que ponen a la compañía en una situación comprometida.
La ministra ha reconocido la necesidad de un marco estable y ha asegurado que su gabinete lleva trabajando en ello durante meses como acredita el hecho de que durante los primeros seis meses de Gobierno se aprobase el real decreto que recogía la definición y el desarrollo de un plan de estabilidad para el sector como el que ya cuentan países como Francia y Alemania y del que España, sin embargo, carecía.
Asimismo se ha referido a la concesión de 91 millones de euros en subvenciones a la industria electrointensiva, para compensar los costes de emisiones indirectas de dióxido de carbono (CO2) y que fueron ampliados hasta “el máximo que nos permite la comunidad europea”.
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