Madrid, 21 oct (EFECOM).- El Banco de España avaló en mayo de 2016, tras un requerimiento de la CNMV, las provisiones previstas por el Banco Popular en la nota de valores de la ampliación de capital de junio de ese año, 4.700 millones de euros de coberturas frente a los 3.400 millones requeridos por el regulador.

El 26 de mayo de 2016, la dirección general de Supervisión del Banco de España remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un documento al que ha tenido acceso Efe, en respuesta a una solicitud que el supervisor bursátil le había hecho pocos días antes.

La CNMV quería saber la opinión del Banco de España "sobre los importes de las incertidumbres que pudieran afectar a los niveles de cobertura y sobre el riesgo derivado de las cláusulas suelo, así como sobre los datos de solvencia", concepto este último que justificó su resolución y posterior venta al Santander al precio de un euro.

La nota, enviada por el entonces director general de Supervisión, Mariano Herrera, y firmada por el director del departamento, José Antonio Gracia, a la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, se realizó en colaboración con el equipo conjunto de supervisión del Banco Central Europeo (BCE), que era el competente sobre el Popular.

En ella, el Banco de España constata que el saldo de inversión crediticia de la entidad era al cierre de 2015 de 87.421 millones de euros, de los cuales 17.853 eran dudosos y 2.240 subestándar -con riesgo de entrar en mora-.

Los activos adjudicados se elevaban a 16.133 millones de euros, con una cobertura del 37,3 %.

Con todo ello, el Banco de España calculaba que las provisiones necesarias para hacer frente a la cartera inmobiliaria y de adjudicados se elevaba a 2.432 millones de euros, que subirían hasta 3.412 si se añadían todos los segmentos de la cartera crediticia.

Y constataba que el banco tenía intención de contar con 4.700 millones de euros de provisiones para el ejercicio 2016.

No obstante, el documento advierte de que "no se dispone de datos que permitan valorar la razonabilidad de los importes de cobertura indicados" por el banco en caso de materializarse las incertidumbres contenidas en la nota de valores de la ampliación de capital.

Entre ellas menciona la entrada en vigor de la circular sobre cálculo de provisiones de la banca que entró en vigor en octubre de 2016, un crecimiento económico más débil de lo previsto, la preocupación por la baja rentabilidad del sector, la inestabilidad política tanto nacional como internacional, y la incertidumbre creada por los procesos judiciales sobre cláusulas suelo.

Este contexto aconsejaba, según el Banco de España, aplicar criterios muy estrictos en la revisión de las posiciones dudosas e inmobiliarias, lo que aunque podría dar lugar a provisiones o deterioros en 2016 por importe de 4.700 millones y por consiguiente a "perdidas contables en el ejercicio", éstas quedarían "íntegramente cubiertas, a efectos de solvencia, con la ampliación de capital".

Por lo que respecta a los conflictos derivados de las reclamaciones judiciales sobre cláusulas suelo, con los datos remitidos el Banco de España calculó un impacto de unos 750 millones de euros, de los cuales 696 millones corresponderían a la aplicación retroactiva de la anulación de dichas cláusulas.