La Audiencia Provincial de Madrid debe decidir si investiga al Banco Popular por revelación de secretos en relación con su liquidación y posterior venta por un euro al Santander, entidad que podría haber conocido con antelación que el banco iba a solicitar la resolución.

El juzgado madrileño deberá resolver un recurso de apelación presentado por Fieldfisher Jausas en representación de un grupo de afectados por la resolución del Popular contra la decisión de un juzgado de instrucción de sobreseer una querella por revelación de secretos, "presimiblemente por parte de directivos del Popular", entre los días 3 a 8 de mayo de 2017, un mes antes de la liquidación.

Según los querellantes, desde que se hizo con las riendas del banco, en febrero de 2017, el que fuera presidente del banco Emilio Saracho "tuvo la intención de solicitar la resolución" del Popular, extremo que "no era conocido por el mercado" ni existían indicios que permitieran suponer que iba a ocurrir.

Pero el Santander, que finalmente se hizo con el Popular al precio de un euro, llevaba analizando el banco desde mucho antes que el resto de entidades que fueron invitadas al proceso de venta privada -BBVA, La Caixa, Bankia y Sabadell-.

Prueba de ello, sostiene la querella, es que el 3 de mayo el Santander realizó una valoración del Popular en 0,60 euros por acción (2.600 millones de euros), con una horquilla que oscilaba entre 0,40 euros (1.600 millones) y 0,80 euros (3.600 millones).

Sólo cinco días después, el 8 de mayo, sin que hubiera ninguna noticia ni cambio en la cotización o situación de liquidez que pusiera en tela de juicio el valor del Popular, el comité ejecutivo del Santander "decidió dejar de plantearse comprar a un precio de 0,60 euros por acción" para hacerlo a cero euros.

Y esto, siempre según los querellantes, sólo era posible si se daba el supuesto de una emergencia en la que el supervisor tuviera que orquestar los pasos legales necesarios para que el Banco Santander pudiera adquirir el Banco Popular a un precio simbólico.