Estaciones de metro quemadas, supermercados saqueados, autobuses incendiados, barricadas, huelga general, 15 muertos y militares en la calle controlando el orden público. Es la cara más amarga de unas protestas que en las últimas dos semanas han puesto en jaque el orden institucional de Chile, un país que presume de tener la economía más pujante de Sudamérica y que en 2018 creció un 4%, su tasa más alta en seis años.

¿Cómo es posible que un país con estos números, que ha reducido sus niveles de pobreza hasta niveles récord y con uno de los mayores niveles de PIB per cápita de la región esté viviendo uno de los estallidos sociales más graves tras el fin de la Dictadura militar en 1989 y poniendo en jaque el gobierno del conservador Sebastián Piñera?

La respuesta no es fácil, pero las pistas las podemos encontrar en el detonante de las protestas y los actos de vandalismo. Todo comenzó con una chispa: 30 pesos de subida en el billete de metro -o, lo que es lo mismo, tres céntimos de euro- que lanzaron a la gente a la calle a quemar hasta 20 estaciones del suburbano.

Un montante que puede parecer insignificante a ojos de los bolsillos europeos, pero que cobra sentido al conocer el coste final del billete: un viaje de metro en Santiago de Chile cuesta una media de 1,1 euros, solo diez céntimos menos que el coste del metro de Madrid. La diferencia es que el salario medio de un chileno es de 1.000 euros, mientras que el español es de 1.658 euros.

Metro, alimentación, gasolina

Si hacemos la comparativa con el salario mínimo -la población que mayoritariamente utiliza el metro-, las diferencias son aún mayores ya que mientras un ciudadano español recibe al mes 1.050 euros después de la última reforma, en Chile es de 382 euros. Esto quiere decir que haya un coste de transporte casi idéntico, pese que a los chilenos les cuesta el doble ya que cobran menos de la mitad que los españoles.

El billete del metro es solamente una muestra del elevado coste de los insumos básicos para los chilenos, los que repercuten directamente en los ciudadanos con menos ingresos. El mejor ejemplo es el sector de la distribución con los precios de los alimentos disparados. Por ejemplo, en Chile un kilo de arroz cuesta 1,49 euros, por encima de los 1,29 de España, sin contar la marca blanca que reduce el precio a los 89 céntimos.

Del mismo modo, un paquete de 16 yogures cuesta 3,55 euros en Chile y en España dos euros; un refresco de cola de 1,5 litros cuesta 1,8 euros y en nuestro país 1,5 euros, y el litro de gasolina cuesta 1,06 euros por los 1,30 de España. Y así una larga comparativa en la que siempre los productos de alimentación en el país suramericano salen desfavorecidos.

Pero no es solo la alimentación y transportes. Es sanidad, educación, pensiones y servicios básicos que han generado una desigualdad en los ingresos crónica y que es la culpable de grandes paradojas como que los chilenos tengan más teléfonos móviles (26 millones) que habitantes, pero que deban pagar 6.295 euros al año por estudiar Medicina (en España cuesta 2.200 euros) y que tengan que gastar los pocos ahorros de una vida y endeudarse hasta la quiebra para enfrentar una enfermedad grave.

Sebastián Piñera, presidente de Chile. Efe

Macroeconomía y negocios

Chile ha reducido su índice de pobreza al 8,6% en 2017, muy lejos del 40% cuando se acabó la Dictadura, su PIB per cápita es de 13.500 euros, más que cualquier vecino de Sudamérica, ha aumentado en un 30% los ingresos por trabajador en los últimos cuatro años y ha reducido el paro hasta el 6,5%, la mitad del 13,8% de desempleo en España.

El país además se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para las empresas y uno de los más favorables del continente para hacer negocios. Según el Informe sobre las inversiones en el mundo de 2018, publicado por la UNCTAD, las entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) ascendieron a 11.000 millones de dólares en 2016, mientras que el informe Doing Business 2020 (Banco Mundial) le sitúa como la economía número 59 más atractiva para hacer negocios, en un listado de 190 países.

Datos que, sin embargo, no han ayudado a abordar una de las grandes asignaturas del Chile democrático: la reducción de la brecha de la desigualdad. Estamos hablando de un país en el que todavía menos del 10% de la población se lleva el 41% de los ingresos (en España es el 25%) y la mitad de sus trabajadores ganan 496 euros al mes. De hecho, en 2018 el ingreso de los más ricos era 13,6 veces mayor que el de los más pobres.

Protestas en Chile realizadas en Santiago durante esta semana. Reuters

Desigualdad y reformas

Asimismo, el índice Gini, que mide la desigualdad, anotó 0,50 en 2017, más que el 0,49 de 2015. Ese indicador había venido mostrando leves bajas desde 2011, cuando estaba en 0,51 (en Europa la media de este índice es del 0,30). De esta manera, en el último lustro los escasos avances que se habían realizado en materia de igualdad, se han estancado. Según datos recopilados por el gobierno de EEUU, Chile está en la posición 15 de los más desiguales, de una muestra de 157 estados.

Desde el comienzo de la democracia, en 1990, se han alternado en el gobierno democristianos, socialistas y conservadores, pero ninguno ha logrado reducir estas desigualdades, pese a algunos esfuerzos y reformas puestas en marcha. Por el contrario, los pilares económicos heredados de la dictadura de Augusto Pinochet se mantienen inalterables.

Un sistema de pensiones íntegramente privado, una fiscalización antimonopolio muy perfectible, una sistema de educación y de sanidad pública muy débil y con muchas carencias y un régimen laboral en el que nadie se cuestiona la existencia cada vez mayor de contratos mercantiles. En definitiva, un país en el que cada vez más chilenos necesitan pagar con tarjeta de crédito su compra en el supermercado.

Sebastián Piñera anunció a mediados de esta semana una batería de reformas entre las que incluyó el aumento de las pensiones más bajas, un seguro de enfermedades catastróficas, financiación de gastos de medicamentos -algo casi inexistente hasta ahora- un ingreso mínimo garantizado, un impuesto a los más ricos -uno de los más bajos del mundo- y un mecanismo de estabilización de las tarifas de la luz, que aumentó un 9,2% hace pocas semanas, entre otras cosas

¿El futuro?

Un paquete de medidas que debe ser aprobado por el Parlamento, también en el punto de mira por sus elevados sueldos, 25.000 euros de media al mes entre dietas, complementos y gastos de representación. Pero la gente sigue en las calles en las principales ciudades del país, lo que demuestra la poca confianza de un país en sus gobernantes después de años de desigualdades.

¿El futuro? Es incierto porque entramos en la tercera semana de protestas y en la segunda de disturbios violentos. Si bien los saqueos a los supermercados -uno de los más señalados en esta crisis- se han frenado, nada parece indicar que pare la oleada de descontento y la huelga general que cumplirá quinto día al cerrar esta semana.

Algunos analistas creen que la única salida es la renuncia de Piñera, aunque éste ha descartado abandonar su cargo. Lo único cierto es que los chilenos han dicho basta y ya no les vale con meras reformas, sino que quieren un cambio radical en su modelo de bienestar económico. Un desafío de proporciones mayúsculas.