Madrid, 27 oct (EFECOM).- La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso y tres exdirectivos de la entidad por presunta administración desleal continuada en una operación urbanística en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, que causó un perjuicio de 41,8 millones de euros.

La sección cuarta de la sala de lo Penal será la encargada de celebrar la vista -que se prolongará durante varios días en noviembre-, en la que también se sentarán en el banquillo los ex directores generales de Caixanova Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, y el que fuera consejero de la financiera inmobiliaria Domingo González Mera.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la abogacía del Estado piden para cada uno de ellos cuatro años de prisión, en tanto que Abanca, como heredera del quebranto patrimonial tras integrar Novacaixagalicia, tres.

Se trata de una de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al Ministerio Público a raíz de las investigaciones crediticias a Caixanova iniciadas en diciembre de 2010.

Los acusados habrían participado en 2007 en la concesión de un préstamo por importe de 67,1 millones de euros para la compra de un solar a una sociedad participada por varias mercantiles vinculadas a la caja gallega, entre ellas Gorrigebe, cuyo único propietario era Antonio Gorriarán, hermano de uno de los investigados.

En la instrucción se desveló que los riesgos de esta operación no fueron explicados al consejo de administración ya que con carácter previo a la aprobación del préstamo, Caixanova se sirvió de análisis incompletos, pues no se distinguía el valor entre las fincas y se basó en una tasación que advertía de la necesidad de recabar cédula urbanística.

Tampoco se valoró que los prestatarios presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio en un momento en el que ya era patente la ralentización de las ventas en el sector y las incertidumbres como consecuencia de la crisis.

Las irregularidades, apuntan las acusaciones, habrían proseguido tras la constitución del contrato, con sucesivas modificaciones de los términos sin previa consulta al consejo, al que tampoco se advirtió de una segunda refinanciación de la que no existe solicitud expresa y que fue formalizada fuera de los cauces por González Mera y Pego.

Ante la imposibilidad de devolver el dinero, los gestores habrían ideado y ofrecido a los deudores una salida que les permitiera liberarse de sus obligaciones sin importarles que tal alternativa afectara negativamente a los intereses patrimoniales de la entidad.

En julio de 2017 y dada su avanzada edad, Fernández Gayoso salió de prisión, donde ingresó siete meses antes por un delito de apropiación indebida, por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias, causa en la que también fueron condenados Pego y Gorriarán.