Madrid, 28 oct (EFECOM).- El ex director general adjunto de Caixanova Gregorio Gorriarán ha negado "excepcionalidades" en la refinanciación de una parte del préstamo de 67,1 millones para la fallida operación inmobiliaria de Rivas (Madrid), y ha dicho que aunque no era un método "muy ético", era lo mejor para la entidad.

El exdirectivo, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión por administración desleal continuada, ha explicado que la caja gallega concedió al proyecto un nuevo préstamo de 1,7 millones ante los problemas de los promotores para encarar los intereses de la primera hipoteca, pensando en que la medida iba a facilitar el futuro recobro de la deuda.

En este sentido, ha asegurado que las alternativas de las que disponía Caixanova en enero de 2010 eran o reestructurar y refinanciar, o solicitar la dación en pago de las parcelas que habían financiado tres años antes, o efectuar una reclamación judicial.

"Nosotros huíamos de la tercera opción porque el cliente iba a ir a concurso de acreedores. Entonces, nuestra parcela pasaría a la masa y después vendría un período de dos años en el que, como entidad, tendríamos que estar negociando con el interventor", ha sostenido Gorriarán, que ha recalcado que la mejor vía era la de conceder un segundo préstamo.

La de Rivas es una de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al Ministerio Público, que también carga contra el que fuera presidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, su director general José Luis Pego, y el exconsejero de la financiera inmobiliaria Domingo González Mera.

Según el escrito de la fiscal Inmaculada Violán, los acusados intervinieron en la concesión de un préstamo de 67,1 millones de euros para la compra de un solar a Rivas ACI -sociedad participada por varias mercantiles vinculadas a la caja-, sin explicar al Consejo de Administración los riesgos de la operación.

Tampoco se valoró que los prestatarios presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio en un momento en el que ya sería evidente la ralentización de las ventas en el sector inmobiliario.

Tales irregularidades habrían proseguido tras la constitución del contrato con sucesivas modificaciones de los términos sin previa consulta al consejo, al que tampoco se advirtió de una segunda refinanciación de la que, añade Fiscalía, no existe solicitud expresa y que fue formalizada fuera de los cauces.

Extremos rechazados en todo momento por Gorriarán, que ha protagonizado enconados desencuentros con la representante de Anticorrupción, a la que ha insistido en que "no hubo ninguna excepcionalidad" a la hora de regularizar un préstamo del que el cliente "no llevó ni un duro".

Antes, durante la sesión de la mañana, el exdirectivo ya había avalado la entrada de Caixanova en la operación -que finalmente acarreó un perjuicio a la entidad de 41,8 millones de euros-, al ser muy "interesante" tanto por el importe como porque implicaba "quitársela a La Caixa", entidad prestamista de origen.

Al igual que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, en representación del FROB, pide para los acusados cuatro años de prisión por gestión fraudulenta del patrimonio, pena que Abanca, como heredera del quebranto, rebaja a tres años de cárcel.

El tribunal presidido por la juez Teresa Palacios retomará la sesión este martes con el interrogatorio de las defensas a Gorriarán.