Deuda, inflación y control cambiario, desafíos del electo Gobierno argentino
Natalia Kidd
Buenos Aires, 30 oct (EFECOM).- A falta de 40 días para que el peronista Alberto Fernández asuma el poder en Argentina, el futuro presidente ya tiene claro los problemas económicos a los que debe dar solución con urgencia: los controles cambiarios, el comportamiento de los precios y la abultada deuda pública.
No son los únicos asuntos a atender, pero sí los prioritarios que dejará como herencia el Gobierno de Mauricio Macri cuando traspase el poder a Fernández el próximo 10 de diciembre.
El Ejecutivo de Macri, cuya primera acción de Gobierno fue desmontar las restricciones a la compra de dólares impuestas durante la presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), alega ahora que el denominado "cepo cambiario", decretado en septiembre y fuertemente endurecido el lunes pasado, es una medida transitoria orientada a frenar la caída de reservas del Banco Central.
"El Gobierno busca cuidar las reservas al presidente entrante", observó el economista Salvador Di Stefano.
La salida de reservas se aceleró desde las primarias de agosto pasado ante las crecientes ventas de dólares del Banco Central para intentar contener el precio de la divisa estadounidense y un aumento en la retirada de los depósitos bancarios en dólares.
Desde entonces se perdieron 23.000 millones de dólares de reservas, pero con el torniquete aplicado el lunes la sangría mermó notablemente.
Sin embargo, las restricciones de este tipo no son gratuitas para el funcionamiento normal de una economía, implican distorsiones, como un aumento de la brecha entre el tipo de cambio oficial -planchado desde el lunes por escasez de demanda- y las cotizaciones en el mercado informal y en los canales financieros alternativos para hacerse de dólares.
Más allá de que este tipo de controles cambiarios nunca son fáciles de desmontar -Fernández los ha cuestionado en su día-, el cepo incide en la ya altísima inflación (53,5 % interanual en septiembre), pues en Argentina cualquier aumento en el valor del dólar se traslada rápidamente a los precios de toda la economía.
Según la consultora privada LCG, un cepo mucho más estricto que el de la ahora vicepresidenta electa Cristina Fernández "podría cambiar la manera en la que los agentes formen expectativas" y que el dólar informal pase a ser "el relevante para todas las decisiones", relegando al dólar oficial a un "valor anecdótico".
Pero además los controles cambiarios incentivan que los inversores con pesos disponibles, al verse impedidos a ahorrar en dólares, aumenten la demanda de otros bienes, presionando al alza los precios.
"El riesgo es que justamente los agentes empiecen a desprenderse de los pesos para comprar bienes. Esto podría acelerar la inflación. No necesariamente ir a un escenario de hiperinflación, pero sí a uno de aceleración respecto a la de 2019", advirtió LCG en un informe.
Di Stefano apuntó que Fernández asumirá con un escenario de bajas reservas y alta inflación.
"Si se equivoca, está a un paso de desatar una inflación descontrolada. Si acierta, puede dar un vuelco a las expectativas económicas y una salida favorable a la coyuntura económica", observó el economista.
El otro desafío por delante es el de la deuda pública. Ya Macri había planteado la necesidad de negociar una extensión de los plazos de pago tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que Argentina firmó en 2018 un acuerdo de ayuda financiera por 56.300 millones de dólares.
Sin duda, la negociación no se cerrará hasta que asuma el nuevo Gobierno, que apuesta por un rápido acuerdo, sin quitas sobre el capital ni los intereses -posibilidad que algunos expertos ponen en duda-, para oxigenar los compromisos financieros y ponerse, cuanto antes, a reactivar la actividad económica, que este año terminará con una caída cercana al 2,9 %.
Sin embargo, el Ejecutivo de Macri espera que Fernández designe representantes en materia económica para iniciar cuanto antes un diálogo, al menos con las autoridades del FMI, que en septiembre congeló un desembolso de 5.400 millones a la espera de conocer el resultado electoral del domingo.
"Reservas en baja, financiación cerrada y pagos de deuda por más de 25.300 millones de dólares (entre capital e intereses) en los próximos seis meses dejan clara la necesidad de una reestructuración de deuda más temprano que tarde", sostuvo Lucas Gardiner, director de la firma Portfolio Personal Inversiones.
Para esta transición en marcha también se espera que Fernández empiece a dar definiciones más concretas del rumbo que piensa dar a su política económica.
