Madrid, 4 nov (EFECOM).- El préstamo de 67 millones de euros concedido por Caixanova a una promotora para llevar a cabo una operación urbanística en Rivas (Madrid) se subrogó sin pasar todos los controles preceptivos, como el comité de morosidad, ha asegurado este lunes el director de contencioso de Abanca.

En el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra cuatro exdirectvos de la caja gallega por un delito continuado de administración desleal en una operación urbanística en Rivas Vaciamadrid de 2007, que causó un perjuicio de 41,8 millones de euros a la caja gallega hoy integrada en Abanca, ha declarado hoy a petición de la Fiscalia José Ignacio Canle Fernández, director de contencioso y gestión judicial del banco.

lo que se investiga es una de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las investigaciones crediticias a Caixanova iniciadas en diciembre de 2010.

Los acusados -el expresidente de la caja gallega, Julio Fernández Gayoso, y tres exdirectivos- habrían participado en 2007 en la concesión de un préstamo por importe de 67,1 millones de euros para la compra de un solar a una sociedad participada por varias mercantiles vinculadas a la caja gallega, entre ellas Gorrigebe, cuyo único propietario era Antonio Gorriarán, hermano de uno de los investigados.

En la instrucción se desveló que los riesgos de esta operación no fueron explicados al consejo de administración, ya que con carácter previo a la aprobación del préstamo Caixanova se sirvió de análisis incompletos, pues no se distinguía el valor entre las fincas y se basó en una tasación que advertía de la necesidad de recabar cédula urbanística.

Sobre los controles que tuvo que pasar el préstamo se ha interesado la fiscal Inmaculada Violán, ante las cuales el asesor jurídico de Abanca no ha podido aportar documentos que demostrasen de forma fehaciente que la subrogación del préstamo pasó los controles necesarios.

Tras el directivo de Abanca ha comparecido, también como testigo, José González Rodríguez, que entre 2007 y 2010 fue director de inversión irregular, litigios, concursos y morosidad hasta un millón de euros, que ha asegurado que por su área no pasó en ningún momento el préstamo de Rivas.