Madrid, 12 nov (EFECOM).- Grupos políticos y asociaciones del sector renovable esperan que este viernes el Consejo de Ministros dé luz verde a la nueva retribución a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos para el periodo 2020-2025, cuya aprobación quedó aparcada por la convocatoria electoral.

Según han indicado a Efe fuentes del sector renovable, hay una "posibilidad bastante alta" de que la actualización a la retribución de las instalaciones a las renovables vaya al Consejo de Ministros de este viernes.

Han señalado que ya había un consenso unánime de las fuerzas políticas para sacar esta actualización, ya que la nueva tasa de retribución tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2020.

En este sentido, han explicado que era intención del Ministerio para la Transición Ecológica sacar antes esa actualización e, incluso, algunas de estas fuentes afirman que se barajó aprobarlo el viernes anterior a la celebración de las elecciones.

Sin embargo, algunos grupos políticos de la oposición no veían correcto que las nuevas reglas de retribución económica a las instalaciones de energía renovable se aprobaran en vísperas de una cita electoral y que era mejor dejarlo para después.

Aunque la fórmula por la que se aprobará la nueva retribución aún no está definida, lo más probable, dado que las Cámaras están disueltas, es que se saque a través de un real decreto-ley.

El Ministerio para la Transición Ecológica presentó a finales de diciembre del año pasado un anteproyecto de ley en el que se fijaban las tasas de retribución de las actividades reguladas del sistema eléctrico en el periodo 2020-2025, una norma que tampoco se pudo tramitar por el adelanto electoral que fijó los comicios para finales de abril de 2019.

Entre las medidas que incluía estaba la oferta de mantener hasta 2031 a los titulares de instalaciones renovables afectadas por el recorte a la retribución que hizo el PP la que ahora está vigente, del 7,503 %, para evitar nuevas reclamaciones ante tribunales y cortes arbitrales.

El real decreto-ley de 2013 que recortó las primas a las renovables provocó una gran litigiosidad tanto a nivel nacional como internacional y, hasta la fecha, se han fallado diez laudos arbitrales contra el estado español, mientras que una treintena siguen pendientes de resolución.

El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno en diciembre de 2018 hacía una primera propuesta de retribución financiera para el nuevo periodo regulatorio, que comenzará en 2020, que la fijaba para las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos en el 7,09 % para el periodo 2020-2025.

A fin de evitar nuevos procedimientos o poner fin a los existentes, el ministerio establecía que la rentabilidad razonable para las instalaciones afectadas por el recorte del real decreto-ley de 2013 no se tocaría en las dos revisiones que se harían a partir de enero de 2020.

Además, señalaba que las indemnizaciones y compensaciones a pagar a las empresas que hubieran ganado en instancias judiciales o arbitrales y contaran con una resolución ya firme se detraerían del importe correspondiente a la diferencia entre lo que haya que abonarles por la tasas de retribución que tendrán congeladas hasta 2031 y la que hubieran recibido de seguir en el régimen ordinario.