Peritos del Banco de España cuestionan la operación "viciada" de Caixanova
Madrid, 13 nov (EFECOM).- Peritos cedidos por el Banco de España han asegurado este miércoles que la fallida operación inmobiliaria en Rivas (Madrid), a la que Caixanova concedió 67,1 millones de euros en 2007, venía "viciada" de origen, y han cuestionado a la excúpula por su "mala" praxis al refinanciar sus intereses.
Según han relatado ambos expertos en la prueba conjunta que ha celebrado en esta última sesión la Audiencia Nacional, la caja incurrió en una "no mala, sino malísima práctica bancaria" concediendo 1,7 millones de euros a sus deudores -que arrastraban problemas de impago- para que éstos hicieran frente a la devolución de los intereses del préstamo inicial, que quedaron cancelados.
Una versión que han rechazado los peritos propuestos por las defensas, quienes han hecho hincapié en que la refinanciación "no es un delito, sino que es algo que no quedaba más remedio" hacer, en tanto que de haber reclamado dicha cuantía por la vía judicial se habría abocado a la compañía al concurso de acreedores, reduciendo aún más las posibilidades de recuperar el dinero.
Asimismo, han matizado que la entidad gallega nunca registró como entrada de capital esta operación, la cual, han dicho, quedó correctamente acreditada.
No obstante, los expertos del Banco de España han refrendado todos los extremos de su informe, incluido que no encontraron un soporte documental que acreditara tal modificación, y han ratificado que esta segunda hipoteca, aprobada a finales de marzo de 2010, "rompía con toda la ortodoxia de las entidades de crédito".
La de Rivas es una de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a la Fiscalía Anticorrupción, que pide cuatro años de prisión para el expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, el ex director general José Luis Pego, su adjunto, Gregorio Gorriarán, y el exdirectivo Domingo González Mera, todos por supuesta administración desleal continuada.
A tenor del escrito de la fiscal Inmaculada Violán, los acusados intervinieron en la concesión de un préstamo de 67,1 millones de euros para la compra de un solar en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, sin explicar al consejo de administración los riesgos, que acabaron por ocasionar un perjuicio de 41,8 millones de euros.
Tampoco se habría valorado que los prestatarios presentaban problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio en un momento en el que ya sería evidente la ralentización de las ventas en el sector inmobiliario.
Las irregularidades habrían proseguido tras la constitución del contrato, con sucesivas modificaciones de los términos sin previa consulta al consejo, al que no se le avisó de una segunda refinanciación de la que, entiende el Ministerio Público, no existe solicitud expresa y que fue formalizada fuera de los cauces.
