Fiscalía dice que la excúpula de Caixanova actuó "con desprecio a las normas"

San Fernando de Henares (Madrid), 14 nov (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este jueves su petición de cuatro años de prisión por administración desleal continuada para la antigua cúpula de Caixanova que gestionó "con desprecio absoluto a las normas" una fallida operación inmobiliaria en Rivas Vaciamadrid (Madrid) que generó a sus arcas un perjuicio de 41,8 millones de euros.

La representante del Ministerio Público, Inmaculada Violán, ha cargado especialmente contra el que fuera director general adjunto Gregorio Gorriarán por ser un "interviniente constante en la gestión" desde que en marzo de 2007 la caja de ahorros concediera 67,1 millones de euros al proyecto, y conseguir "arrastrar" al resto de los acusados, incluido el entonces presidente, Julio Fernández Gayoso.

Una versión que ha rechazado el abogado de Gorriarán, Manuel Ollé, que ha matizado que su defendido nunca fue "administrador de hecho ni de derecho" de Caixanova, ni "ordenó o ejecutó" decisión alguna, sino que "actuó dentro del riesgo permitido", y es que "los negocios salgan mal, peor o mejor entra dentro de los principios empresariales".

Durante su informe final, la fiscal ha sostenido que el préstamo hipotecario era, de origen, "dudoso" y no normal como así se contabilizó, que no sólo "hacía aguas" sino que se otorgó "sin exigir las garantías ordinarias", y que en su tramitación el Consejo de Administración no recibió "toda la información".

Del igual modo, ha asegurado que las vistas han puesto en evidencia que "no existe" soporte documental que demuestre que la operación pasó "todos los filtros" de Caixanova y ha reiterado que los exdirectivos "no querían hacer tasaciones" ya que estaban buscando "una solución que favoreciera" a los deudores, entre los que estaba la empresa de un hermano de Gorriarán.

"Es una administración desleal de libro", ha indicado Violán a la sección cuarta de la Sala de lo Penal, a la que ha destacado las "facultades" de las que también disponían el director general José Luis Pego, que tenía "voz y voto en las comisiones delegadas", y el responsable de la división de planificación financiera Domingo González Mera, que aunque no estaba en 2007, "en 2009, que es cuando afloran los problemas", él ya era directivo.

Con todo, el Ministerio Público, que ha incidido en que los cuatro acusados deben ser castigados como coautores de unos "hechos probados y reprochables", ha planteado como alternativa una posible condena por cooperación necesaria, lo que en la práctica podría suponer una rebaja de pena.

En este sentido, aunque ha asegurado que "lo fundamental es recuperar económicamente lo que se ha perdido" -unos 41,8 millones-, ha puesto el foco en los antecedentes que arrastran Gayoso, Pego y Gorriarán, que a finales de 2016 fueron condenados en firme por el cobro indebido de prejubilaciones millonarias en Novacaixagalicia, banco fruto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia.

La Abogacía del Estado, en nombre del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha secundado el relato de la Fiscalía al valorar que Caixanova "acogió" los riesgos de unos promotores inexpertos, pero no los beneficios, y ha reclamado en exclusiva el reintegro del millonario quebranto como único perjudicado, no en vano inyectó más de 3.800 millones en dinero público.

Extremo del que ha diferido el representante de Abanca, como heredera universal de la entidad, que ha solicitado una indemnización conjunta con el FROB, y ha confirmado su petición de tres años de prisión para los ex altos cargos.

En su turno de palabra, la defensa de Gorriarán, que ha cerrado la sesión, ha rechazado que éste manipulara la concesión del préstamo, pues de haberlo querido hacer "se tendría que haber saltado al director de negocio, al director comercial de España y al del área de Madrid".

"Sólo se podían ejecutar las operaciones que Caixanova aprobaba. Ya podía el señor Gorriarán querer vender o querer regalar que él no tenía ese poder", ha concluido Ollé.