Ex número dos de Saracho asegura no saber quién filtraba datos sobre Popular
El ex consejero delegado del Banco Popular durante la presidencia de Emilio Saracho, Ignacio Sánchez Asiaín, ha admitido este miércoles en la Audiencia Nacional que era consciente de las filtraciones sobre el estado de la entidad poco antes de su resolución, aunque nunca llegó a conocer su procedencia.
En su declaración como investigado, Sánchez Asiaín ha recordado que su llegada se produjo apenas días después de que la entidad reexpresara las cuentas del ejercicio de 2016, que hizo ascender las pérdidas de ese año a 3.611 millones de euros, por lo que no pudo participar en su comunicación al mercado.
Según fuentes jurídicas, el ex número dos de Saracho se ha desmarcado así del hecho relevante que el Popular envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 3 de abril de 2017, y que explicaba que la corrección causaría un impacto de 550 millones a recoger en los resultados del primer semestre.
Esta comunicación ha sido criticada en las últimas semanas, entre otros, por el exvicepresidente del Popular bajo el mandato de Ángel Ron, Roberto Higuera, porque le extrañó que se le trasladara al auditor externo de PwC y al organismo supervisor como un hecho consumado, sin consultarlo antes con el resto del Consejo de Administración.
En su interrogatorio, Sánchez Asiaín ha indicado que su función era mantener reuniones con el Banco de España, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Junta Única de Resolución (JUR), con la que tuvo que lidiar cuando el Popular fue resuelto el 7 de junio de 2017.
Aquella operación, que vino acompañada de la venta de la entidad al Santander al precio de un euro y que supuso la amortización o reducción a cero tanto de acciones como de deuda subordinada, desencadenó multitud de frentes legales por parte de los inversores, que buscaron el amparo de la justicia europea y llevaron ante la española a los dos últimos equipos gestores.
Aunque estaba citado para el próximo diciembre, el juez de la Audiencia Nacional ha adelantado, por temas de agenda, el interrogatorio a Sánchez Asiaín, investigado en la segunda de las piezas separadas del caso sobre los 108 días de gestión de Saracho y la supuesta campaña de desprestigio que, según las acusaciones, hizo caer el valor de la cotización para obtener beneficios.
Durante la mañana también ha desfilado ante el titular del juzgado central de Instrucción número 4 la actual presidenta de Prosegur, Helena Revoredo, nombrada consejera independiente del Popular en 2007, cuando tenía el 0,5 % de su capital.
Revoredo ha dicho que tanto ella, como los consejeros dominicales del banco y la entonces presidenta de la comisión de nombramientos, Reyes Calderón, mantuvieron una comida para tratar el relevo del que había sido presidente de la entidad durante doce años, Ángel Ron.
Si bien éste no fue convocado, ha indicado la exconsejera, sí que le comunicaron todos los detalles esa tarde, tras lo cual el propio Ron les pidió que le dejaran manejar los tiempos y la agenda del cambio, apuntan las mismas fuentes.
Tal como sucediera con la declaración de Calderón en sede judicial, Revoredo ha desmentido que se actuara sin transparencia como reprochó Ron a finales del pasado octubre, cuando denunció que incluso los máximos accionistas del Popular, la Sindicatura, llegaron a advertir de que no apoyaban las formas en las que se estaba gestando su cese.
La jornada la ha inaugurado el expresidente de Allianz Seguros en España, Vicente Tardío, vinculado al Popular por el acuerdo estratégico en seguros, pensiones y fondos de inversión suscrito por la aseguradora con el banco.
En su calidad de ex consejero independiente, Tardío ha defendido la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que la entidad acometió en 2016, aún con Ron al frente, y ha reiterado que la operación fue estudiada por los servicios centrales de Allianz, en la ciudad alemana de Múnich, cuyos analistas decidieron que era acertada y había que asegurarla.
Un extremo al que ya aludió Higuera, que afirmó que los bancos colocadores garantizaron el 97 % de la ampliación, mientras que Allianz respondía sobre el 3 % restante.
