El Tribunal General de la Unión Europea anuló la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que fijó la contribución que debía pagar el Banco Cooperativo Español en 2016 al Fondo Único de Resolución, un mecanismo que interviene en casos de quiebras que pongan en riesgo la estabilidad de la eurozona.

En una sentencia dictada este jueves y contra la que todavía cabe apelación, el tribunal dio la razón al banco español, que había recurrido la decisión de la JUR.

Entre otros motivos, la entidad española alegó que se le estaba gravando como si tuviese un perfil de riesgo muy elevado, en lugar de un perfil de riesgo conservador, y que la JUR infringió el principio de proporcionalidad al computar doblemente ciertos pasivos.

En la sentencia dictada hoy, la corte con sede en Luxemburgo determina que la JUR no autentificó los actos y documentos relativos a la decisión, lo que constituye un defecto de forma sustancial que conlleva por sí mismo la nulidad de su decisión.

Además, la sentencia añade que la decisión se adoptó "haciendo manifiestamente caso omiso de los requisitos procedimentales aplicables" puesto que se produjeron "un importante número de infracciones" de las normas sobre la tramitación electrónica de estas decisiones.

La Junta Única de Resolución y el Fondo Único de Resolución (FUR) componen el Mecanismo Único de Resolución Europeo, que empezó a funcionar en enero de 2016 como parte de la llamada unión bancaria, puesta en marcha a raíz de la crisis financiera para supervisar a las grandes entidades de la eurozona y gestionar las quiebras de forma ordenada.

La JUR se encarga de decidir si los bancos con problemas deben ser puestos bajo resolución y, si este es el caso, el Fondo puede contribuir financieramente a la operación como último recurso y dentro de ciertos límites.

El Fondo se alimenta, principalmente, de las contribuciones de bancos y firmas financieras, por lo que cada año la JUR fija las contribuciones ex-ante que debe hacer cada uno en función de ciertos criterios, entre ellos su tamaño y perfil de riesgo.

El objetivo es que para 2023 el volumen del fondo represente el 1% del importe de los depósitos garantizados en la eurozona, entre 63.000 y 67.000 millones de euros en función de cómo evolucionen los depósitos hasta ese año.