Italia admite que Alitalia necesita una reestructuración parcial en gastos
Roma, 29 nov (EFECOM).- El Gobierno italiano reconoció hoy que la aerolínea Alitalia, en administración concursal desde mayo de 2017, necesita una reestructuración de los gastos y avanzó que renovará el mandato a los gestores temporales para que sigan al frente hasta que se encuentre una solución.
El Ejecutivo de Giuseppe Conte dará "un nuevo mandato a los administradores" con el objetivo de mantener "la integridad de la empresa", dijo a los medios el ministro de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli.
Alitalia, que no tiene beneficios desde 2002, "necesita una reestructuración parcial en el campo de los gastos", pero "cualquier estructura corporativa" que nazca tras una potencial modificación de la aerolínea no podrá prescindir de los servicios de asistencia en tierra, mantenimiento y aviación, añadió.
Patuanelli reconoció que la alemana Lufthansa "tiene un interés comercial", pero no está dispuesta por ahora a invertir en el capital, mientras que la estadounidense "Delta Air Lines mantiene su interés".
Delta Air Lines solo está dispuesta a entrar en Alitalia con una participación del 10 %, según fuentes cercanas a las negociaciones, por lo que Italia debe encontrar otro inversor privado dispuesto a participar.
La concesionaria Atlantia, propiedad de la familia Benetton y socia de ACS en la española Abertis, se encontraba entre los potenciales interesados, pero recientemente ha indicado que no se dan las condiciones para que entrar en el consorcio comprador.
Atlantia ha opinado que no se han encontrado soluciones a los problemas, lo que el Gobierno italiano ha aprovechado para acusar al grupo de presionar para evitar la retirada de las concesiones a su filial Autostrade per l'Italia, que gestionaba el mantenimiento del puente de Génova que se hundió en agosto de 2018.
Alitalia arrastra problemas económicos desde hace décadas, pero Roma no quiere plantearse una liquidación y estudia la posibilidad de conceder un préstamo de 400 millones de euros, que se sumaría a los 900 millones dados en 2017 y aún no devueltos, unos créditos que desafían las reglas de rescates de Bruselas.
