Madrid, 3 dic (EFECOM).- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado este martes que los litigios vinculados a los bancos, como las cláusulas suelo, han tenido un coste estimado de "más de 2.200 millones de euros" hasta junio para el sector bancario español.

Durante su intervención en el discurso inaugural del XV Encuentro del Sector Bancario, organizado por la escuela de negocios IESE y por EY, Hernández de Cos ha considerado que en España aún existe una "potencial materialización" de costes asociados a esos riesgos, pues hay "otros procesos legales relevantes pendientes de resolución".

Asimismo, el riesgo legal y algunos otros factores relacionados con la conducta de las entidades han tenido un impacto relevante en la reputación del sector bancario, que es junto con la confianza, uno de los elementos fundamentales en los que se basa el negocio bancario, ha añadido.

Por tanto, dado que el coste de la litigiosidad a largo plazo sobrepasa "con creces" el beneficio que algunas entidades pudieran haber obtenido en el corto plazo con comportamientos cuestionables, los bancos deben revertir esta tendencia vendiendo a sus clientes los productos y servicios financieros adecuados a sus necesidades y ofreciéndoles toda la información necesaria de manera transparente.

Del mismo modo, añade, las entidades deben afrontar el riesgo tecnológico derivado del impacto de la adopción de nuevas tecnologías sobre, por ejemplo, la probabilidad de sufrir ataques cibernéticos, con impactos potenciales muy elevados sobre el riesgo operacional y la propia reputación de las entidades.

Por último, ha destacado el reto asociado al cambio climático y a la transición hacia una economía más sostenible, que, aunque afecta a todos los agentes económicos, tiene una especial incidencia en el sector financiero.

Las entidades bancarias afrontan dos tipos de riesgos en este ámbito, explica el gobernador, que destaca los "físicos", vinculados con los efectos directos del cambio climático sobre el valor de sus activos, y los "de transición", ligados al proceso de transición tecnológica y regulatoria hacia una economía más sostenible.