Roma, 4 dic (EFECOM).- Los sindicatos italianos han convocado en Roma para el próximo 10 de diciembre una manifestación nacional contra los 4.700 despidos hasta 2023 que quiere aprobar el grupo siderúrgico ArcelorMittal en la acería de Tarento (sur), la más grande de Europa, que gestiona en régimen de alquiler.

ArcelorMittal se comprometió en 2018 a comprar la planta a partir de 2021 y aprobó entonces un plan que ahora quiere modificar.

La secretaria general del sindicato Cisl, Annamaria Furlan, declaró que los representantes de los trabajadores rechazan este nuevo documento porque prevé un recorte de 4.700 empleos hasta 2023.

Por ello, han convocado una manifestación a nivel nacional el próximo 10 de diciembre, que celebrarán en Roma, y han llamado a los trabajadores de la instalación de Tarento a secundar ese día una huelga.

Según el plan del grupo franco-indio, los niveles de empleo actuales se reducirán en 2.891 unidades ya en 2020, y hasta 2023 se sumarán otros 1.800 despidos, con el objetivo de reducir costes y aumentar los márgenes de beneficio de la planta.

De esta manera, el grupo siderúrgico, líder mundial en producción de acero, prevé un aumento en los volúmenes de producción desde los actuales 4,5 millones de toneladas de acero a 6 millones a partir de 2021.

El secretario nacional del mayor sindicato de Italia, Maurizio Landini, ha calificado el plan de "inaceptable" y ha instado al grupo a cumplir lo firmado en 2018, cuando se comprometió a adquirir esta instalación.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli, ha declarado que el Gobierno propondrá a ArcelorMittal un plan alternativo para impulsar la competitividad de la acería y preservar la plantilla.

El pasado 23 de noviembre, el Gobierno italiano y el grupo siderúrgico acordaron negociar un nuevo plan industrial que evite el cierre de la acería de Tarento (sur), después de que Arcelormittal anunciara a principios de noviembre que se retiraba del acuerdo de compra a partir de 2021, al que se comprometió en 2018, cuando asumió la instalación en régimen de alquiler.

La empresa presidida por el multimillonario indio Lakshmi Mittal argumentó que abandonaba el proyecto después de que el Parlamento italiano eliminase una protección legal que eximía a ArcelorMittal de responsabilidades penales por posibles delitos medioambientales, mientras reducía los altos niveles de contaminación.