Los lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España en el tercer trimestre del año se situaron en su cota más baja tras caer un 11,9 % interanual, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que aún así advierte de la incidencia de los procedimientos por impago del alquiler.

Aunque los vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) bajaron por segundo trimestre consecutivo tras dos años de continuos incrementos para situarse en 6.936 (un 7,7 % menos), continúan siendo el tipo de desahucio más frecuente y supone un 68 % del total, que entre julio y septiembre alcanzó los 10.177.

En su "Informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales" publicado este miércoles, el CGPJ también se hace eco del repunte experimentado por las demandas por despido, que subieron un 16,2 % respecto al mismo periodo de 2018, y que crecieron en todas las regiones salvo en Baleares.

Una tendencia similar han seguido los concursos de acreedores (o antigua suspensión de pagos) presentados por empresas, que en el tercer trimestre aumentaron un 28,9 % hasta los 1.576, con Cataluña al frente tras registrar un 30,8 % del total; en el caso de las personas físicas, el número de concursos se incrementó un 56,5 %.

Con todo, la estadística elaborada por el órgano de los jueces pone de relieve que el número de desahucios practicados entre julio y septiembre supone el nuevo mínimo trimestral de la serie histórica, que se remonta a 2013, lo que hace prever que el año 2019 se cerrara muy lejos del techo de 2014, cuando se alcanzaron los 68.091.

Un acumulado al que permanecerán atentos desde el sector, ya que será el primero bajo el prisma de la actual ley hipotecaria, que tras su entrada en vigor el pasado junio ha provocado que los bancos sólo puedan comenzar el procedimiento de desahucio si hay doce cuotas impagadas o el 3 % del capital de la hipoteca en la primera mitad de la vida del préstamo, o bien 15 cuotas o el 7 % en la segunda mitad del mismo.

A tenor del documento del CGPJ, el último retroceso de los lanzamientos obedece al desplome sufrido por aquellos que son consecuencia de ejecuciones o embargos, que han bajado un 25,8 % hasta los 2.526, en tanto que el número de procedimientos solicitados en dicho periodo fue de 12.715, un 5,4 % menos.

Con todo, el hecho de que sea solicitado a los servicios comunes de notificaciones y embargos no supone que éste ya haya sido ejecutado.

Por comunidades autónomas, Cataluña, con 2.239 (el 22 % del total nacional) concentró el mayor volumen de desahucios ejecutados durante el trimestre, seguida de Andalucía, con 1.754; Comunidad Valenciana, con 1.440; y Madrid, con 1.147.

Estos cuatro territorios acumularon el 64,7 % del total de lanzamientos practicados en España en el tercer trimestre de 2019.

Atendiendo únicamente a los producidos a consecuencia de la LAU, esto es, vinculados al alquiler, volvió a encabezar la clasificación Cataluña, con 1.539, el 22,18 % del total, seguida de Andalucía, con 1.046; Madrid, con 941; y la Comunidad Valenciana, con 881.

En cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias, se sitúa al frente de la lista Andalucía, con 560, el 22,16 % del total, Comunidad Valenciana, con 486; Cataluña, con 428; y Murcia, con 222.

El informe destaca igualmente la evolución a la baja de las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, presentadas en este mismo periodo, cuando se redujeron un 45,1 % hasta las 3.470, frente a las 6.315 del tercer trimestre de 2018.

Como sucediera con los desahucios, es precisamente Cataluña, con 973, casi un tercio del total nacional, la comunidad autónoma más afectada por los embargos, junto a Andalucía, con 580; Comunidad Valenciana, con 513; Madrid, con 255; y Murcia, con 172.

Desde el pasado año, el informe recoge asimismo la estadística de juicios verbales por ocupación ilegal de viviendas en los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

Entre julio y septiembre de 2019 han ingresado 982 asuntos y se han resuelto 634; el mayor número de demandas, el 24,3 % del total, se ha dado nuevamente en Cataluña, seguida de Andalucía (150), Comunidad Valenciana (141), y Madrid (111).

Por su parte, en materia social, los juzgados registraron 28.752 reclamaciones de cantidad en el tercer trimestre, un 3,6 % más en comparación con el mismo periodo del 2018.

Sin embargo, disminuyeron un 16,3 % el número de incidentes laborales y expedientes de regulación de empleo (ERE), con 87 procedimientos frente a los 104 de un año antes.

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