Madrid, 15 dic (EFECOM).- Los 1.000 megavatios (MW) de la última subasta de interrumpibilidad convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica comienzan a subastarse este lunes en medio del disgusto de las industrias electrointensivas y los sindicatos por el recorte del 57 % en la potencia ofrecida, y con el riesgo de que Bruselas abra a España un procedimiento sancionador.

Las subastas de interrumpibilidad son un mecanismo por el que se asignan bloques de potencia eléctrica interrumpible a industrias electrointensivas dispuestas a interrumpir o reducir su consumo en caso de que sea necesario para asegurar el suministro eléctrico o moderar los precios de la electricidad.

Esos ingresos constituyen un apoyo para las grandes industrias consumidoras de electricidad, que reciben por esa disponibilidad una remuneración por cada bloque de potencia interrumpible que se adjudican de acuerdo con el precio al que ganan la puja.

La nueva subasta, que cubre el servicio de interrumpibilidad en la primera mitad de 2020, no estaba prevista, pues el Gobierno se comprometió hace un año ante la CE a que ya no se convocarían para 2020, pues las normas no lo permiten, pero, según comentó a primeros de este mes el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se ha forzado la situación para que hubiera una subasta para el primer semestre y se intentará que haya otra.

Domínguez Abascal explicó que la CE no permite hacer ese tipo de subastas nada más que en la medida en que estén justificadas por la sostenibilidad del sistema eléctrico y en el caso de la que comienza el lunes se justifica porque el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), ha dicho que necesita 1.000 MW, que es la cantidad que se va a subastar.

La nueva subasta está previsto que se desarrolle entre el 16 y el 20 de diciembre, y sólo subastará 1.000 MW de potencia (frente a los 2.340 MW adjudicados en la anterior) distribuidos en 200 bloques de 5 MW, pues en esta convocatoria desaparecen los de 40 MW, que son a los que optaban las grandes industrias electrointensivas después de suprimirse los de 90 MW.

Los bloques que se subastarán a partir del lunes tienen un precio de salida de 125.000 euros/MW al año, cantidad a partir de la cual las empresas presentan ofertas a la baja, adjudicándose el lote la más barata.

La CE le ha dicho a España que no puede mantenerse la subasta de interrumpibilidad y que si el sistema eléctrico lo necesita, establezca otros mecanismos de respaldo por el lado de la generación o la demanda.

Sin embargo, el nuevo mecanismo de apoyo a los grandes consumidores eléctricos, el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que tuvo que ser revisado tras advertir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que podía incurrir en ayudas de Estado, no ha podido ser aprobado por las sucesivas convocatorias electorales.

Industrias, sindicatos y patronales ya han alertado del riesgo de cierres de plantas por la reducción de los ingresos por interrumpibilidad.

Ferroatlántica ha anunciado que va a aplicar un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), que afectará inicialmente a 70 personas (casi la mitad de los 145 trabajadores en plantilla), y Alcoa, que ya vendió las fábricas que tenía en Avilés (Asturias) y A Coruña por las pérdidas que registraban, ha advertido de que las condiciones de la nueva subasta le pueden llevar a cerrar la única planta que conserva en España, la de San Cibrao (Lugo).