Madrid, 20 dic (EFECOM).- Las ministras de Industria, Reyes Maroto, y de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han enviado una carta a la asociación de grandes consumidores de energía (AEGE), a la patronal siderúrgica Unesid y a los sindicatos en la que subrayan el "firme propósito" del Gobierno de que el coste efectivo de la electricidad para la industria se mantenga en 2020 en los niveles de 2019.
La misiva, en la que responden a una carta previa de patronales y sindicatos, las ministras recuerdan que la Comisión Europea (CE) ha cuestionado desde 2017 el volumen de potencia interrumpible subastado en España.
En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, Maroto y Ribera reiteran el compromiso del Gobierno de establecer un marco regulatorio que garantice la competitividad de la industria española, aunque siempre cumpliendo la normativa de la Unión Europea (UE) sobre mercado interior y ayudas de estado.
En este sentido, recuerdan que desde 2017 la CE "ha incidido en la necesidad de justificar el volumen de potencia interrumpible a subastar".
Según las ministras, el Ejecutivo comunitario ha cuestionado "el elevado volumen del servicio interrumpible en un país con exceso de capacidad de generación", el "excesivo coste" de ese mecanismo para los consumidores" y el "reducido nivel de competencia".
Por ello -señala la carta- el Ministerio para la Transición Ecológica ha trabajado desde su creación con la Dirección General de la Competencia de la CE para adaptar progresivamente el mecanismo a la normativa comunitaria.
Este es el motivo -añaden las ministras- por el que la potencia a subastar para el primer semestre de 2020 se ha reducido hasta los 1.000 megavatios y se han asignado solo bloques de 5 megavatios.
La carta incide también en el esfuerzo realizado para aumentar la cuantía del mecanismo de compensación de costes por emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, que se ha elevado en 2019 a 172 millones, cifra que se suma a los 196 millones por la retribución de la interrumpibilidad.
Las ministras recuerdan que la tendencia a la baja de los precios en el mercado eléctrico ha hecho que la factura para los grandes consumidores haya descendido un 11 % este año.
La carta incide también en que el Gobierno trabaja en el diseño del Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que se encuentra en "un estado avanzado de tramitación".
Entre las medidas incluidas, "todas ellas en línea con la doctrina de la CE", figura el fomento de la contratación a plazo con garantías del Estado, lo que, según la misiva, permitirá a la industria "beneficiarse de manera inmediata de unos precios más competitivos y estables".
El Estatuto también contempla compensaciones por los costes indirectos de CO2, aunque con dos limitaciones: la intensidad máxima de la ayuda -que fija la CE- y la disponibilidad presupuestaria.
El Gobierno tiene previsto realizar una consulta a Bruselas para incrementar la intensidad máxima autorizada para España en 2020.