El Gobierno argentino limita su "impuesto solidario" en los servicios digitales
El Gobierno argentino publicó este sábado la reglamentación de la "megaley" de Solidaridad y Reactivación Productiva para paliar la crisis que sufre el país y estableció un impuesto del 8 % para los servicios digitales en moneda extranjera, una cifra menor a la aplicada en otras parcelas.
El impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) aplica un 30 % de recargo a todas las operaciones que impliquen adquisición de moneda extranjera, entre ellas la compra de dólares para atesoramiento y la compra de bienes y servicios, incluida la obtención de pasajes al exterior.
Sin embargo, en el caso de servicios digitales en moneda extranjera, como las plataformas Netflix y Spotify, este recargo será del 8 %.
Entre las especificaciones del llamado impuesto PAIS publicadas hoy, se encuentran diversas excepciones en las que no se aplicará ninguna subida impositiva, entre ellas la adquisición de pasajes por vía terrestre con destino a países limítrofes con Argentina.
Los gastos referidos a prestaciones de salud, la compra de medicamentos, la obtención de libros en cualquier formato y las plataformas y software educativo tampoco serán gravados con este impuesto.
Asimismo, quedan exentos los gastos dedicados a proyectos de investigación desarrollados por investigadores asociados al Estado, a universidades o a instituciones que integran el sistema universitario argentino.
En cuanto al impuesto sobre los Bienes Personales (patrimonio), introdujeron un recargo "diferencial" para los bienes que los residentes en Argentina tengan en el exterior, que pueden evitar si "repatrian" como mínimo un 5 % del total.
La "megaley" que entró en vigor el pasado lunes es el primer gran proyecto impulsado por el nuevo presidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández, que asumió su cargo el 10 de diciembre.
Además del impuesto PAIS, la iniciativa contempla un amplio paquete de medidas con el que el Gobierno argentino busca hacer frente a la crisis social y económica en la nación.
La norma prevé, entre otros puntos, la congelación durante 180 días de las tarifas de servicios públicos para su revisión y la suspensión del ajuste de las jubilaciones para reformular el sistema de pensiones.
