El miércoles 15 de enero dará comienzo en un juzgado de Madrid el juicio contra un centenar de controladores aéreos acusados de abandono de función pública durante la huelga de diciembre de 2010, que llevo al cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas y afectó a 600.000 pasajeros.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) son 139 los controladores acusados, si bien fuentes jurídicas rebajan la cifra a 133; de ellos, 14 no han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía, que les atribuye abandono de la función pública.

De esos 14, 7 son miembros de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), organización cuya responsabilidad civil no descartaba el juez instructor en su auto de apertura de juicio oral.

Quien sí figura como responsable civil subsidiario es Enaire, el gestor público de navegación aérea de España.

Pese a los intentos por alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Madrid en el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización, en el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid se iniciará el 15 de enero una vista oral que está previsto que se prolongue hasta mediados de marzo.

En el auto de procesamiento, que data de 2016, el magistrado sostenía que el cierre del espacio aéreo durante aproximadamente 20 horas, entre la tarde del viernes 3 al sábado 4 de diciembre de 2010, que afectó a más de 600.000 personas al comienzo del puente de la Constitución, "fue una consecuencia inevitable de la ausencia de controladores en sus puestos de trabajo".

Entre los hechos descritos por el juez destaca que los controladores alegaron una "supuesta situación de ansiedad y presión psicológica que de ningún modo se acreditó".

Al hacerlo de manera coordinada e imprevisible y en muy escaso periodo temporal, "condujo al inevitable cierre del espacio aéreo español con declaración del estado de alarma, provocado una situación de caos generalizada en los aeropuertos españoles".

Eso a su vez generó una "grave situación de conflicto entre los múltiples pasajeros afectados, al haberse programado de forma deliberada para que coincidiera con el inicio de un puente festivo", el de la Constitución.

Todo ello podía ser constitutivo de delito y no un mero conflicto laboral, señalaba el juez, que reproducía parte de las conversaciones entre la torre y el centro de control de Palma que pondrían de manifiesto un concierto entre los controladores para paralizar los servicios como medida de presión sobre el Gobierno.

Como consecuencia del paro, el Gobierno decretó el estado de alarma, medida excepcional aplicada por primera vez desde la instauración de la democracia, para poder afrontar la situación de caos en el tráfico aéreo.

El origen del conflicto se remonta a enero de 2010, durante las negociaciones con la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) del segundo convenio colectivo del sector.

Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999.

Después de varios meses de negociaciones infructuosas, se decretó el cierre del espacio aéreo de los aeropuertos de Barajas, Baleares, Canarias y Galicia, una vez que los controladores abandonaron masivamente sus puestos en protesta por la decisión del Gobierno.

En octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Palma condenó por estos mismos hechos a 73 controladores a multas de hasta 31.500 euros, después de que todos ellos se declaran culpables del delito de abandono del servicio.