Segovia, 10 ene (EFECOM).- El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha declarado este viernes que los sobrecostes en los peajes a los que se enfrentan los usuarios habituales de autopistas en toda España será tratado con "políticas de bonificaciones y reducción de tarifas", que aún se tienen que estudiar.

Ábalos, que continuará al frente del Ministerio en el futuro Gobierno de coalición, esta vez bajo el nombre de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ha tenido un encuentro casual en Segovia con dos jóvenes que recogían firmas para la gratuidad del peaje de la autopista AP-6 que une Villalba y Adanero.

El Gobierno, a través de un real decreto en diciembre, fijó diversas modificaciones en la concesión de las autopistas AP-6, AP-51 (AP-6 conexión con Ávila) y AP-61 (AP-6 conexión con Segovia) que ostenta Castellana de Autopistas, S.A., entre ellas un aumento del precio de este peaje.

Tras atender sus reivindicaciones, el ministro ha insistido en declaraciones a los medios que ha sido este Gobierno del que forma parte el que, por primera vez, ha acabado con "el bucle de concesiones" para las autovías, lo que ha supuesto "un hito".

Sin embargo, el ministro ha puntualizado que existen una serie de compromisos "que hay que respetar" por "seguridad jurídica y por el coste", pero que, en contraposición, el Gobierno va a tratar de hacer "políticas compensatorias" para minimizar el impacto en los usuarios habituales de estas vías.

Ábalos ha matizado que esto se llevará a cabo no sólo en el caso de la autopista A-6, que afecta en mayor medida a segovianos y abulenses, sino que se extenderá a toda España hasta llegar a comunidades como Galicia y Asturias.

Sobre su papel de la cartera que encabezará el ministro en el nuevo Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, el de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha explicado que este tiene las mismas competencias, pero "con más ambición".

Como novedad, se incorpora el desarrollo de la Agenda Urbana a la cartera de Ábalos siguiendo las recomendaciones de la ONU y la Unión Europea y, según el ministro, el Gobierno centrará su perspectiva de la movilidad como "derecho de la ciudadanía" para "no anteponer la obra a la movilidad".

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