El primer ministro francés, Édouard Philippe, recibió este viernes a los representantes de los principales sindicatos franceses y a la patronal para tratar sobre la reforma de las pensiones y aseguró haber acercado posturas en vistas a acabar con la huelga que dura ya 37 días.

Tras esas conversaciones, el jefe del Ejecutivo se comprometió a enviar una propuesta por escrito a los interlocutores sociales mañana, sábado, coincidiendo con una nueva jornada de manifestaciones por todo el país convocada por los sindicatos más radicales.

Será la quinta gran jornada de movilización, después de que la de ayer, jueves, incluso los sindicatos admitieran un retroceso de la participación en las manifestaciones.

Philippe aseguró que esa "propuesta concreta" pude servir de base para desbloquear la situación.

Pocos minutos antes, el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, que acepta la mayor parte de la reforma de las pensiones propuesta por el Ejecutivo, aseguró que el Gobierno tiene "voluntad de diálogo", pero advirtió que quiere "actos concretos".

En particular, que la edad de referencia de 64 años para que se pueda cobrar el total de la pensión sea retirada del proyecto de ley que el Ejecutivo presentará en su Consejo de Ministros del próximo día 24.

Ese es el punto clave que este sindicato, el principal del país, pone encima de la mesa para poder empezar a negociar las modalidades de financiación del nuevo sistema de pensiones.

El Gobierno había ideado este mecanismo de edad de referencia como medida para garantizar el equilibrio financiero de la reforma, puesto que quienes se jubilen antes de esa edad perderán parte de su pensión.

Los sindicatos lo ven como un retraso de facto de la edad de jubilación y no aceptan esa medida.

El líder de la CFDT, en concreto, consideró que esa edad de referencia es una medida "ciega e injusta" y exigió su retirada "para poder seguir debatiendo del resto de la reforma".

Si Philippe parece haber tendido puentes con la CFDT, más complicado lo tiene con los otros sindicatos, en concreto con la CGT, mayoritaria en los transportes públicos, que piden la retirada total de una reforma que prevé la supresión de los regímenes especiales de los trabajadores de ese sector.