Madrid, 16 ene (EFECOM).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, asegura que no aceptará un acuerdo que deje para el final de la legislatura "el grueso" de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que, según sus cálculos, debe alcanzar los 1.250 euros en 2023.

En una entrevista con Efe, Álvarez coincide con el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en que fijar una cuantía de 1.000 euros "sería un buen punto de partida" para este año y se muestra dispuesto a negociar un aumento paulatino para el resto de legislatura.

"UGT no va a adoptar una fórmula que deje todo el aumento para los últimos años", asegura Álvarez, porque el acuerdo podría romperse si la legislatura no dura cuatro años o si la economía no mantiene "un crecimiento razonable".

De esta forma, Álvarez confía en que el Gobierno "no decida unilateralmente" el alza del SMI como hizo en el pasado cerrándolo en un acuerdo programático, algo que, avisa, "no va a aceptar".

Respecto al impacto del SMI sobre el empleo al que aluden estudios, como el presentado ayer por el BBVA Research, Álvarez asegura no son ciertos y que "reflejan los intereses de las personas a las que representan" justificando la contención salarial "porque alguien quiere seguir ganando mucho dinero".

Álvarez ve vergonzosa la justificación de la economía sumergida por el alza del SMI que han realizado "algunos miembros del Gobierno", en referencia a unas palabras del anterior secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

"¿Pero para qué están? ¡Que tomen medidas! ¡Pero esto qué es!", exclama con enojo Álvarez, quien considera que esa actitud "está muy cerca de la prevaricación".

Sobre la reforma laboral, Álvarez urge a recuperar la ultractividad de los convenios, así como la prevalencia del de empresa; también a limitar las causas para el despido, poner coto a la temporalidad y eliminar "la infamia, la vergüenza" del artículo 52.D que permite despedir por bajas de enfermedad.

En ese punto, Álvarez reta a la patronal a "llamar la atención a las empresas" que echan a la calle a trabajadores por este motivo.

Y avisa al Gobierno: "Nos vamos a movilizar en la medida en que no seamos capaces de frenar la precariedad laboral".

En pensiones, el líder de UGT exige acabar con la reforma de 2013, que introdujo el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del 0,25 % (IRP) y abordar la reforma del sistema desde un aumento de los ingresos en un país "que gasta poco en pensiones".

"El equilibrio de la Seguridad Social no se ha de hacer pensando en recortar prestaciones sino todo lo contrario", advierte Álvarez, quien no entrará "en un proceso de negociación de recortes" ni por "un intercambio de cromos".

Además de por el diálogo social, la reforma del sistema de pensiones ha de pasar también por el Pacto de Toledo, donde Álvarez habla del papel que puede jugar Vox, pese a sus planteamientos sobre la privatización del sistema.

"¿Cómo explican a los pensionistas que no van a querer hablar de su pensión?", cuestiona Álvarez, quien no cree que vayan a quedarse fuera de un acuerdo.

"No estoy tan seguro de que no sea posible restablecer el equilibrio en el Pacto de Toledo", añade.