Madrid, 19 ene (EFECOM).- Dos años después de que la Guardia Civil detuviera a una veintena de personas por el presunto fraude en la comercialización de energía eléctrica, los investigadores concluyen que la trama dejó de pagar 61,3 millones de euros a compañías como Endesa o Repsol, a las que ahora podría tener que resarcir.

Una conducta que, apunta la Fiscalía, tendría origen en 2012, cuando los acusados, que ya aguardan la apertura de juicio, "con un ánimo de lucro ilícito, idearon mediante la constitución de comercializadoras un mecanismo para obtener inmensos beneficios económicos, dejando de pagar la energía eléctrica que las empresas les suministraban para que la facilitaran a los consumidores".

En la cúspide de esta pirámide estaría Esteban Roig, supuesto cabecilla para el que pide hasta 16 años de prisión y una multa de 60 millones de euros por un delito continuado de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales.

Según el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Efe, a pesar de que no figuraba como administrador en ninguna de las trece comercializadoras investigadas, Roig era el encargado de transmitir las directrices oportunas, así como de supervisar y administrar "la gestión contable, financiera, logística y societaria materializada desde el resto de los escalones".

Entre sus facultades se encontraba el ocultar el dinero obtenido de forma ilícita, que recalaba, en parte, en el extranjero "a través de la emisión de transferencias bancarias, emitidas de forma regular" a varias cuentas abiertas en una entidad mexicana de las que Roig sería beneficiario.

A tenor de los cálculos, entre junio de 2013 y febrero de 2016 se habrían movido unos 2,4 millones de euros usando tal estrategia, que, sin embargo, no era la única, ya que con la ayuda de otros acusados, también "adquiría bienes inmuebles a través de sociedades interpuestas" para desviar fondos.

Entre las pruebas, el fiscal alude al correo en el que uno de los trabajadores de Roig le comunica a éste que Red Eléctrica, como operador del sistema, "se ha puesto en contacto para hablar con el máximo responsable de la sociedad respecto a un tema muy urgente".

"Me imagino que es relacionado por la compra de energía y los desvíos en los que estamos incurriendo que ya empiezan a ser identificados por Red Eléctrica. Esto va a generar que depositemos garantías excepcionales, además de proceder al pago de dichos desvíos", continuaba el mensaje.

En total, Red Eléctrica ha cuantificado el fraude en 61,3 millones de euros, cifra que corresponde a la cantidad que las comercializadoras utilizadas por los acusados dejaron de abonar a las generadoras y distribuidoras de electricidad.

Entre las productoras perjudicadas destaca Endesa Generación, que sufrió un perjuicio de 19,8 millones, frente a los 17,2 millones de Naturgy Energy -antes, Gas Natural-, los 4,8 millones de Repsol Generación Eléctrica -Viesgo-, y los 308.854 euros de EDP España -entonces, Hidroeléctrica del Cantábrico-.

Parte de estos fondos fueron transferidos de unas sociedades a otras, algunas de las cuales eran sometidas a un proceso de liquidación "para ocultar la masa patrimonial de las que se iban disolviendo y para dar continuidad comercial a las nuevas".

Junto a Roig, la Fiscalía carga contra otras 16 personas, para las que pide penas que oscilan entre los nueve y los seis años y medio de prisión; asimismo, reclama que se acuerde la disolución de las comercializadoras fraudulentas y que se prohíba de forma definitiva cualquier actividad.

Todos ellos fueron detenidos a finales de 2017 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona, Girona, Alicante y Valencia.

La operación, pionera en el sector, contó además con la colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y fue la primera intervención penal para este tipo de fraudes.