Madrid, 19 ene (EFECOM).- Trabajadores de la industria electrointensiva se desplazarán a Madrid para participar este miércoles en una concentración ante el Congreso de los Diputados convocada por los sindicatos UGT, CCOO y USO para reclamar medidas que palíen la difícil situación que atraviesa esta actividad en España.

La convocatoria se produce tras las últimas subastas de interrumpibilidad, que han dejado la retribución que reciben las industrias grandes consumidoras de electricidad por su disposición a interrumpir el consumo en caso de que sea necesario para asegurar el suministro o evitar que se disparen los precios en 4,38 millones de euros para el primer semestre de 2020, frente a los 95 millones que obtuvieron para el segundo semestre de 2019.

La protesta se produce, además, sin que haya podido ver la luz el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, cuyo borrador fue retirado por el Ministerio de Industria tras advertir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que algunas de sus medidas podía incurrir en ayudas de Estado, algo que no permite la Unión Europea (UE).

Aunque el Ministerio de Industria reelaboró el texto, éste no ha podido ver la luz, al encontrarse el Gobierno en funciones hasta este mes de enero, aunque es intención del nuevo Ejecutivo aprobarlo.

De hecho, el acuerdo entre los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, contempla la aprobación del Estatuto para potenciar la competitividad y la eficiencia de las empresas con altos costes energéticos a través de compensaciones y exenciones de pago, pero a cambio de que mejoren su eficiencia energética y mantengan y generen empleo.

En diciembre pasado las entonces ministras en funciones de Industria y Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Ribera, enviaron una carta a la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (AEGE), a la patronal siderúrgica Unesid y a los sindicatos en la que trasladaron el propósito del Gobierno de que el coste efectivo de la electricidad para la industria se mantenga en 2020 en los niveles de 2019.

El Gobierno también anunció que consultará a Bruselas para incrementar la intensidad máxima autorizada para España en 2020 de la ayuda para compensar los costes indirectos de CO2, que perciben estas industrias y que en 2019 alcanzaron los 172 millones de euros.

Entretanto, las dificultades para las industrias grandes consumidoras de electricidad se han agudizado.

Ferroatlántica anunció en diciembre pasado un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) en su fábrica de Boo de Guarnizo (Cantabria), que afectaría inicialmente a unas 70 personas, casi la mitad de la plantilla de 145 trabajadores, por el encarecimiento del costes de la electricidad para 2020.

Los problemas tampoco se han acabado para Alcoa, la multinacional estadounidense que anunció el cierre de sus plantas de Avilés y A Coruña y que acabó vendiéndolas al fondo suizo Parter Capital, lo que permitió salvar el empleo a los más de 600 trabajadores que trabajan en total en ambas fábricas.

Alcoa sólo ha conservado en España su planta de San Cibrao (Lugo), aunque las perspectivas para esta instalación tampoco son buenas.

El comité de empresa de esta factoría estimó, tras la celebración de la última subasta de interrumpibilidad, que la planta finalizaría 2019 con alrededor de 90 millones de pérdidas.

Sólo un día después de la manifestación en Madrid está convocada una reunión a cuatro bandas (Gobierno de España, Xunta de Galicia, Alcoa y comité de empresa) para buscar soluciones que permitan garantizar la actividad de esa fábrica.

La última subasta de interrumpibilidad generó un gran descontento entre las industrias electrointensivas, que han visto reducida su retribución al adjudicarse mucha menos potencia -1.000 megavatios (MW) frente a los 2.400 MW del anterior-.

Bruselas ha venido cuestionando el elevado volumen del servicio de interrumpibilidad en un país con exceso de capacidad de generación, su alto coste para los consumidores y el reducido nivel de competencia que tienen estas subastas.