Madrid, 20 ene (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha condenado al ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra a un año y tres meses de prisión por administración desleal en la mayor operación crediticia de la entidad, por la que deberá abonar 94 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Una cuantía de la que también deben hacerse responsables el empresario valenciano Bautista Soler, su hija, Victoria, y el marido de ésta, Vicente Fons, como beneficiarios de dicha financiación -con la que pretendían comprar una participación en Metrovacesa- y a los que la sección cuarta de la sala de lo Penal ha castigado con dos años de prisión en calidad de cooperadores necesarios.

Aunque la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, valora que Parra ingresara 100.000 euros a la cuenta del FROB, los magistrados inciden en el perjuicio que el impago de los préstamos ocasionó al fondo, que inyectó 4.500 millones de euros públicos para sanear la entidad, hoy integrada en CaixaBank.

Las irregularidades tuvieron lugar en 2007, cuando Metrovacesa presentó una opa para resolver el enfrentamiento entre la familia Sanahuja, que controlaba el 39,6 % de la inmobiliaria, y el ya fallecido Joaquín Rivero y su socio, Bautista Soler, que sumaban entre ambos el 39,14 % de su capital.

Ese enero, Banco de Valencia concedió un importe "desproporcionado", 312 millones de euros, a una sociedad del "grupo Soler", que necesitaba financiación para poder hacerse con el 2,4 % de las acciones de la promotora.

Según los magistrados, ello "supuso la asunción de un altísimo riesgo para la entidad, tanto por la envergadura e importancia económica de la operación como por la insuficiencia de las garantías", y remiten al inspector del Banco de España que aseguró que aquella actuación fue "como poner todos los huevos en una misma cesta".

Asimismo, consideran que la investigación "ha puesto de relieve diversas y reiteradas operaciones de refinanciación de esta deuda, al margen de los procedimientos de control del Banco de Valencia".

Esto provocó que la posición de la entidad levantina se fuera "deteriorando" no sólo por la pérdida de valor de las garantías ofrecidas, sino también por la falta de solvencia de las sociedades acreditadas, generando un "importante impacto perjudicial en las cuentas del banco, que tuvo que ser rescatado por el FROB".

El tribunal que preside la juez Teresa Palacios señala como principal responsable a Parra, pues "sólo existía una persona que podía, aunque no debía, autorizar la ejecución de operaciones antes de que fueran aprobadas por los preceptivos órganos del banco".

De este modo, el que fuera consejero delegado, que en la primera sesión del plenario reconoció los hechos, adoptó las decisiones "personal y exclusivamente en conversaciones y acuerdos privados" con el resto de condenados, a pesar de "poner en juego la propia pervivencia de la entidad".

Las operaciones con los Soler "van mucho más allá un negocio de riesgos atípicos", prosigue la sentencia, que califica de "particularmente grave" una operativa que, junto a otras no enjuiciadas, "han llevado a que Banco de Valencia tuviera que ser intervenido para evitar males mayores".

La sala dedica una mención aparte para los tres únicos acusados que no alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía, "los señores Soler y Fons, que eran perfectamente conscientes de que una operación de estas características" presentaba un riesgo potencial para el banco.

Un papel menor otorga a Rafael Ruiz Jarabo, administrador único de una de las sociedades que recibieron préstamos "cascada", al que condena a nueve meses de prisión como cómplice de un relato que él mismo admitió.

Respecto a la responsabilidad civil, los magistrados se desmarcan de la Fiscalía Anticorrupción y sostienen que el que se devolviera una pequeña parte de los préstamos nada afecta a la cuantía total de la indemnización que deberán abonar los condenados, tal como defendió durante la vista el letrado del fondo a través de CaixaBank, Carlos Gómez-Jara.

Y es que "es un perjuicio económico a los efectos de la administración desleal, directa y efectivamente asumido por el FROB, que materialmente es irrecuperable".