Las instituciones acreedoras de Grecia comenzaron este miércoles en Atenas su quinta evaluación del periodo postrescate para analizar el programa gubernamental de alivios fiscales para 2020, la gestión de la cartera de deudas morosas de los bancos y las privatizaciones.

Examinarán además la reforma de la legislación sobre bancarrota de individuos que se pondrá en marcha el 1 de mayo, tras el vencimiento del marco legal de protección de la primera vivienda.

Los representantes de la denominada cuadriga -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- desean un marco legal para la quiebra de individuos que, al igual que el que rige la quiebra de empresas, les permita con condiciones claras reestructurar sus deudas.

La visita de los acreedores, que durará tres días, forma parte de la supervisión reforzada que incluye controles trimestrales de la economía griega.

Grecia debe generar un superávit primario -que excluye el servicio de la deuda- del 3,5 % del producto interior bruto (PIB) hasta 2022.

Según fuentes gubernamentales el Ejecutivo propuso utilizar la recaudación de los beneficios de los bonos griegos generados por los bancos centrales de los países europeos para aliviar el peso impositivo a individuos y empresas.

De momento, estos beneficios deben utilizarse exclusivamente para la reducción de la deuda del Estado.

El Gobierno solicitó además que, si llega a superar su objetivo de superávit primario, se le permita transferir este dinero sobrante a los Presupuestos del año siguiente.

Hasta ahora en este caso el Gobierno tiene tan solo dos posibilidades: ofrecer ayudas sociales especiales o utilizar este dinero para la reducción de la deuda del Estado.

El Gobierno propuso también que el dinero gastado en gestionar la crisis de refugiados no se incluya en el cálculo del superávit primario. Este año se calcula que el gasto gubernamental en refugiados alcance 200 millones de euros.