Madrid, 22 ene (EFECOM).- El Gobierno ha retomado el dialogo con sindicatos y patronal para pactar una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros brutos, cuestión sobre la que en contadas ocasiones ha habido acuerdo social, ya que el Ejecutivo tradicionalmente ha hecho uso de su facultad legal para fijarlo.

Se apunta el tanto la nueva ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, apenas una semana después de tomar posesión del cargo, un logro que le han reconocido los agentes sociales, si bien ella ha preferido valorar el esfuerzo de patronal y sindicatos en una negociación exprés en la que "todos han cedido".

El acuerdo se ha cerrado en la reunión que esta tarde han mantenido la ministra, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva.

La subida, que se adoptará por real decreto sin que sea necesaria la convalidación parlamentaria, se aprobará previsiblemente antes de que acabe el mes, con la intención de que se aplique con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2020.

El alza del 5,5 % del SMI -que afectará de manera directa a unos 2 millones de trabajadores- se aplicará también a las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social, una de las cuestiones en la que se ha hecho hincapié desde el lado empresarial, para el que la subida de los costes laborales supone un lastre después del aumento histórico del 22,3 % de 2019.

Aunque han reconocido que la subida pactada no les gusta, las patronales CEOE y Cepyme han preferido poner por delante la negociación para tratar de controlar el daño.

"950 euros no es bueno, pero menos malo que subir a 1.000 euros", ha reconocido Gerardo Cuerva (Cepyme).

"A nosotros nos hubiera gustado que fuera algo menos, porque el impacto de la subida de 2019 ha sido muy importante", ha dicho Antonio Garamendi (CEOE), quien además ha pedido al Gobierno la modificación de la Ley de Desindexación para que puedan actualizarse conforme al SMI los contratos públicos, algo que la ministra se ha comprometido a estudiar.

En este punto coinciden los sindicatos, que también ven necesario trasladar a las concesiones públicas el alza del SMI, sobre todo en aquellas en las que los costes de personal suponen la mayor parte del contrato.

UGT y CCOO parecen estar más satisfechos con el pacto, si bien han reconocido que aspiraban a que el SMI alcanzara los 1.000 euros ya este año.

Para Pepe Álvarez (UGT), la subida del SMI posibilita el desarrollo del acuerdo de negociación colectiva suscrito por patronal y sindicatos, en el que comprometieron a que en 2021 no haya ningún convenio colectivo con un salario inferior a 1.000 euros.

Para Unai Sordo (CCOO), se trata de "una buena noticia económica para España", ya que "no está demostrado que subir el SMI afecte al empleo, sino todo lo contrario" porque activa el consumo y la economía.

En este sentido, la ministra ha negado categóricamente que el aumento del SMI tenga un impacto negativo sobre la creación de empleo y ha asegurado que las dificultades de las que se quejan los empresarios agrícolas, por ejemplo, se deben a "factores estructurales graves" que no tienen que ver con los costes laborales sino con la estructura de precios del sector.

Díaz ha confiado en que este acuerdo abra la puerta a otros y ha avanzado que la semana próxima Trabajo convocará de nuevo a los agentes sociales para avanzar en la modificación de la reforma laboral de 2012.

El primer paso en la derogación de la reforma laboral va a ser un decreto ley que el ministerio ya tiene "redactado y listo" para modificar el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores en lo que se refiere al absentismo laboral intermitente, aunque esté justificado.

Díaz ha confirmado que antes de su aprobación tiene que terminar de hablar con todos los partidos políticos, dado que se trata de una figura legislativa que requiere la convalidación parlamentaria.