Madrid, 28 ene (EFECOM).- El volumen de indemnizaciones abonadas por los seguros agrarios como consecuencia de la siniestralidad en el campo ascendió a 640,7 millones de euros en 2019, lo que supone una caída del 15 % respecto al año anterior.

En el informe de Agroseguro -entidad encargada de gestionar estos seguros agrarios y en la que participan una veintena de compañías-, publicado hoy, los datos apuntan a que la superficie siniestrada creció un 35 %, hasta los 1,9 millones de hectáreas.

Sin embargo, el número total de siniestros descendió un 4 %, hasta los 1,62 millones.

Los responsables de Agroseguro han reconocido que el último ejercicio fue "más benévolo" en materia de indemnizaciones que otros años, aunque aún así los tres últimos ejercicios se sitúan entre los cuatro con más gasto en este concepto, sólo superados por 2012.

Según este informe, el 2019 fue un año marcado por la "inestabilidad meteorológica" en el que se encadenaron "todo tipo de fenómenos extremos": heladas en invierno, pero también al principio de la primavera y en mayo; tormentas de pedrisco en marzo, primavera y verano; así como varias gotas frías, con la ocurrida entre el 11 y el 14 de septiembre como la peor desde que existe la entidad.

Además, el volumen de precipitaciones fue "escaso", por lo que también se produjeron "daños por sequía".

Por categorías, los frutales y los cultivos herbáceos encabezaron el capítulo de indemnizaciones con 115 millones de euros cada una, seguidos por cítricos (63 millones), hortalizas y uva de vino (37 millones), la falta de pastos por las bajas precipitaciones (24 millones) y olivar (21 millones).

Murcia y Castilla y León fueron las comunidades autónomas líderes en este sentido con 112 y 104 millones de euros, respectivamente, por delante de Castilla-La Mancha (66 millones), Comunidad Valenciana (55 millones) y Extremadura (55 millones).

En cuanto a los sectores, los seguros agrícolas coparon casi el 73 % de todas las compensaciones con 467 millones de euros, frente a los 96,1 millones por siniestros en explotaciones ganaderas y de acuicultura y los 77,4 millones dirigidos a la retirada y destrucción de animales muertos.