Madrid, 29 ene (EFECOM).- El exportavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) César Cabo ha rechazado este miércoles que el cierre del espacio aéreo en 2010 viniera motivado por la ausencia de controladores en sus puestos, ya que "a lo mejor no al 100 %, pero había gente para que siguieran volando los aviones".

Cabo, al que la Fiscalía imputa un supuesto abandono de servicio público, ha reiterado que "nunca" desatendieron sus funciones, en la línea de lo que previamente habían alegado varios de sus compañeros, que aunque han reconocido que comunicaron por escrito una merma en sus capacidades para trabajar tras la "cuasi colisión" entre un avión y un helicóptero, siguieron cumpliendo con su labor.

El que fuera secretario de comunicación de la USCA ha indicado a la magistrada Margarita Valcarce que se encontraba de vacaciones cuando se produjo el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas en el Puente de la Constitución de 2010, que afectó a 600.000 pasajeros.

Ante la sobrecarga de horas que arrastraban las torres de control de todo el país, el sindicato le pidió ayuda para convocar a los medios a una rueda de prensa en la que explicarían más detalles del nuevo cómputo que iba a proponer el Gobierno.

"Estábamos saturados de decretos y dije que íbamos a ir a los tribunales por algo que no compartíamos", ha señalado Cabo, que ha puntualizado que aquel año fue particularmente "intenso" aún no teniendo cargo sindical alguno.

"Te meten 10 o 12 decretos al año, el señor Blanco -en alusión al entonces ministro socialista de Fomento, José Blanco- hace una campaña contra los controladores, vas a medios y te atacan los periodistas, y te insultan por la calle porque ganas dinero", ha lamentado.

Durante la sesión, también ha intervenido Roberto Huerta, otro de los controladores que, como Cabo, no ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid, que pide para todos ellos multas de entre 60.000 y 75.000 euros e inhabilitación durante un año.

A preguntas del Ministerio Público y de su propia defensa, Huerta ha refutado que desatendiera sus funciones a pesar de que aquella tarde del 3 de diciembre sufrió un "incidente muy grave" entre un avión de Iberia y un helicóptero que estuvieron "a un minuto de habérsela pegado".

Aunque el accidente se pudo evitar, el estrés fue tal que, horas después, rellenó dos formularios, uno para que se tuviera constancia del incidente y otro, de nueva creación, en el que reportaba que, a consecuencia de ello, "no estaba en las condiciones óptimas".

Este último documento es precisamente una de las principales pruebas de la Fiscalía.

Así lo recoge en su escrito de acusación, según el cual un grupo de 59 controladores, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó a su responsable un documento "de su puño y letra" en el que cada uno alegaba una disminución de capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto.

Huerta ha reconocido que había una situación de "nerviosismo general" en la sala por motivos que, aunque desconocía con toda certeza, podían deberse al incidente del avión, al ambiente general o al cierre de la patronal.

"Vi a una compañera que estaba llorando, pero no sé si tuvieron que relevarla y por qué circunstancia. Era una señora de 50 y tantos, y es duro ver llorar a alguien así", ha apuntado.

Tanto él como otro de sus compañeros, Eduardo Pérez, se han referido a los problemas que tuvieron los controladores para entrar a sus respectivos puestos la mañana del 4 de diciembre ante la presencia de la Policía Nacional.

"No pude acceder a la hora habitual del relevo, las 8. En la rotonda de Torrejón (Madrid) no se puede aparcar, así que nos retiramos a la zona más cercana, un centro comercial. Paramos un momento y alguien nos avisó de que ya habían quitado los coches", ha recordado.

Al igual que otros acusados, Pérez ha dicho que una vez dentro de la sala vio a "unos cuantos" compañeros suyos, menos que de normal, pero más que suficientes dado el cierre del espacio aéreo.

La Fiscalía sostiene que los controladores llevaron a cabo de forma "consciente" sus acciones, coordinadas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" por USCA, que por entonces intervenía en las negociaciones con AENA para su segundo convenio laboral.

Los ya conformados han admitido una condena que oscila entre 31.500 euros y cinco meses de inhabilitación para seis representantes sindicales, y unos 15.000 euros, los 113 restantes.