La provincia argentina más rica bordea la peligrosa cornisa del cese de pagos
Natalia Kidd
Buenos Aires, 3 feb (EFECOM).- De no lograr en las próximas horas el consentimiento necesario para aplazar el pago de un bono de deuda, la provincia de Buenos Aires, la más rica y poblada de Argentina, podría caer en una complejo escenario de suspensión de pagos.
El distrito, gobernado por el kirchnerista Axel Kicillof -ministro de Economía argentino entre 2013 y 2015 durante el Gobierno de Cristina Fernández- prorrogó este lunes, por tercera vez, el pazo para que los tenedores del bono BP21 den su aval para aplazar hasta mayo un vencimiento de capital que operaba el 26 de enero.
Si la provincia no logra el visto bueno de los tenedores de bonos que representen al menos el 75 % del capital en circulación del BP21 y no regulariza el pago del vencimiento por 250 millones de dólares antes de que finalice el próximo miércoles, caería en una suspensión de pagos técnica.
Al lanzar la solicitud de consentimiento a los acreedores el pasado 14 de enero, Kicillof, que había asumido el Ejecutivo provincial en diciembre, dijo que su provincia tenía "voluntad de honrar los compromisos" pero advirtió que "en estos momentos no hay capacidad de hacerlo".
La situación financiera del distrito está en línea con el alto endeudamiento de otras provincias y del propio Estado argentino, cuyo nuevo Gobierno, al mando del peronista Alberto Fernández, busca renegociar la deuda con sus acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional.
La provincia deberá afrontar hasta finales de 2023 vencimientos de deuda por 8.800 millones de dólares, de los que 2.900 millones corresponden a este año.
El BP21 es un bono en dólares emitido en 2011 bajo ley de Nueva York e incluyen una cláusula de "cross default" (cese de pagos cruzado) por la que si el título cae en suspensión de pagos, todos los demás bonos emitidos por la provincia que incluyan esta cláusula pueden ser también considerados en cese de pagos.
Existe también la llamada "cláusula de aceleración", por la que, en caso de un cese de pagos -incluyendo un evento de "cross default"- los acreedores con al menos el 25 % del capital de deuda emitida pueden exigir a la provincia que les pague de forma anticipada todos los vencimientos de capital e intereses de esos títulos.
Según los últimos datos oficiales disponibles, la deuda bonaerense ascendía a finales de septiembre último a 11.263,2 millones de dólares.
De ese monto total, unos 6.058 millones corresponden a bonos en dólares emitidos bajo ley internacional.
El nuevo plazo para que los tenedores del BP21 den su consentimiento vence a primera hora de este martes.
El Ejecutivo provincial aún tiene margen para volver a extenderlo, aunque no por mucho tiempo más y, en un intento de último minuto por sumar adhesiones, este lunes mejoró su oferta a los acreedores.
"En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30 % del vencimiento de capital involucrado cuyo aplazamiento se busca obtener", anunció hoy el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.
Quien está a cargo de esa cartera, Pablo López, dijo que, de aceptarse la propuesta, ese pago "se hará con recursos provinciales, que son escasos".
"Mañana ahora será un nuevo día clave para la provincia, pero se entiende que sí aflojó con este pedido de algunos acreedores (de mejorar la propuesta) es porque tienen asegurado el 75 %. Veremos... Sería realmente un fuerte error estratégico complicar el escenario soberano por 250 millones de dólares", comentó Santiago Abdala, director de la firma Portfolio Personal Inversiones.
Según señaló la consultora LCG en un informe, un eventual escenario de cese de pagos en la provincia de Buenos Aires activarían las cláusulas de aceleración sobre los bonos bonaerenses, pero no sobre los títulos soberanos de Argentina.
"De todas formas, sienta un mal precedente para empezar el proceso de reestructuración de la deuda pública nacional", advirtió LCG.
