Bruselas, 5 feb (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) puso en marcha este miércoles una revisión de las normas comunitarias de disciplina fiscal con la que aspira a favorecer el repunte de la inversión pública, incitar a los países a crear colchones en épocas de bonanza y simplificar unas reglas cada vez más difíciles de aplicar.

El primer paso será la apertura de un proceso de consultas con Estados, parlamentos nacionales, Eurocámara, agentes sociales y expertos durante el primer semestre de 2020 y, sobre la base de esos resultados, la Comisión hará a final de año una propuesta definitiva para modificarlas.

El debate se augura difícil por las divisiones entre los países del sur, que querrían ver más flexibilidad para ejecutar gasto e inversiones públicas, y los del norte, que se quejan de que nunca se ha sancionado a Estados que han incumplido y piden seguir centrándose en evitar los desfases presupuestarios.

La piedra angular de las normas es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya principal exigencia es que los países tengan un déficit inferior al 3 % de su PIB y una deuda por debajo del 60 % del PIB.

Tras la crisis financiera de 2008, en la que la mayoría de Estados miembros superó ampliamente estos umbrales, el Pacto se reforzó con dos legislaciones -el "Six Pack" (2011) y el "Two Pack" (2013)- que introdujeron, entre otras cosas, la posibilidad de sanciones financieras o una mayor vigilancia macroeconómica. La revisión se centrará en ellas.

Bruselas parte de un análisis que arroja luces y sombras.

De un lado, estas normas han permitido recortar los niveles de déficit y deuda, reduciendo la vulnerabilidad ante futuras crisis.

Del otro, sigue habiendo países con una deuda muy alta o con importantes superávit por cuenta corriente y las reglas con cada vez más complejas de aplicar, basadas en decenas de indicadores que pueden arrojar lecturas muy diferentes.

Bruselas destaca también que las reglas han favorecido las políticas procíclicas, es decir, reducción del gasto y aumento de impuestos en momentos difíciles -lo que en muchos casos recrudeció la recesión- o aumento del gasto y rebaja de tasas en época de bonanza -lo que impidió a algunos aprovechar la recuperación para crear colchones-.

Y subraya que no han logrado hacer repuntar la inversión pública, que sigue por debajo de los niveles previos a la crisis económica.

El Ejecutivo insiste además en que hay que tener en cuenta el nuevo contexto económico en Europa, marcado por bajos tipos de interés y tasas de inflación, una ralentización del crecimiento, la incertidumbre global y los retos de la digitalización y la transición ecológica.

Con este telón de fondo, el objetivo es doble: seguir garantizando la estabilidad -los umbrales del 3 % de déficit y 60 % de deuda no se tocarán-, pero relanzar a un tiempo el crecimiento.

"La estabilidad sigue siendo un objetivo clave, pero hay una necesidad igualmente acuciante de apoyar el crecimiento y, en particular, de movilizar los inmensos requisitos para abordar el cambio climático", dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.

Entre las cuestiones a debate estará precisamente la posibilidad de que las normas den un tratamiento favorable a las inversiones "verdes", por ejemplo, excluyéndolas del cálculo del déficit.

El vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, explicó en rueda de prensa que esperarán que termine la consulta para posicionarse, aunque destacó que para cumplir los ambiciosos planes climáticos de la UE se necesitarán "inmensas" inversiones.

Recordó además que la Junta Fiscal Europea -órgano que asesora al Ejecutivo comunitario- planteó en el pasado una "regla de oro" para proteger ciertas inversiones públicas que fomenten el crecimiento al excluirlas del cálculo para evaluar el cumplimiento de las normas.

España se ha mostrado a favor de que se aplique esta regla a las inversiones ecológicas, pero su opinión no es compartido por otros países que temen que esto relaje aún más unas normas que, consideran, a veces se han aplicado con demasiada laxitud.

La Comisión ve necesario además que las normas den pie a adoptar políticas fiscales anticíclicas, que permitan a los países mantener el gasto o bajar impuestos si empeora la situación económica, ya que al Banco Central Europeo le queda cada vez menos margen para responder con su política monetaria si vuelven las vacas flacas.

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