La Comisión Europea sopesa suprimir o al menos rebajar las duras sanciones económicas contra los países que incumplen los objetivos de reducción del déficit público que se instauraron durante la crisis del euro a petición de Alemania y los países del norte. Alega que no han logrado su objetivo de introducir una mayor disciplina fiscal en los países del sur, sobre todo porque son "políticamente difíciles o imposibles de imponer". España y Portugal son los países que han estado más cerca de ser sancionados en 2016, pero al final todo quedó en nada. En el último minuto, Bruselas decidió perdonarles el castigo. 

Las sanciones semiautomáticas para los países incumplidores se aprobaron en 2011, en el punto álgido de la Gran Recesión. Estas reglas presupuestarias de la UE prevén una multa predetermiada del 0,2% del PIB a los Gobiernos que no adopten medidas eficaces para rebajar el déficit, así como la congelación de ayudas europeas. También contemplan una sanción del 0,1% para los países que no corrigen sus desequilibrios económicos en áreas como el paro o la deuda pública y privada. 

En el caso de España, la Comisión de Jean-Claude Juncker propuso una sanción de alrededor de 2.000 millones de euros y la paralización de 1.300 millones en fondos estructurales porque el Gobierno de Mariano Rajoy incumplió el déficit en 2015. Cuando la cuenta atrás irreversible se acercaba a su final, Bruselas rectificó y rebajó la multa a cero con el argumento de que un castigo tan severo podría hundir la recuperación en España y dar alas a los populistas y euroescépticos.

El ejemplo español ha llevado a Bruselas a replantearse la supresión o al menos la rebaja de estas sanciones. El Ejecutivo comunitario considera que sería más eficaz que las multas fueran mucho más reducidas, simbólicas. "De esta manera serían más fáciles de imponer y supondrían una amenaza realista", explica un alto funcionario comunitario.

La otra alternativa es eliminarlas por completo y optar por un sistema de incentivos positivos: premiar con más dinero de la UE a los países que hagan reformas. "Es una alternativa que podría cambiar el foco del debate, que a menudo es muy divisivo, para ir a algo positivo", señala el alto funcionario.

¿Un tratamiento especial para las inversiones verdes?

La reflexión sobre el futuro de las sanciones a los países incumplidores forma parte de un debate mucho más amplio sobre la reforma de las normas presupuestarias de la UE que ha lanzado este miércoles la nueva Comisión de Ursula Von der Leyen y sus responsables de Economía, Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni. Tras realizar un análisis en profundidad, el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que las reglas vigentes son demasiado complicadas y se basan en demasiados indicadores, algunos de los cuales, como el déficit estructural, son difíciles de calcular.

Bruselas considera además que las reglas vigentes no han logrado los objetivos que se proponían. El déficit y la deuda han caído de media en la eurozona, pero hay grandes diferencias entre los Estados miembros: en España, Francia o Italia se mantienen en niveles demasiado altos. Además, las normas son procíclicas: es decir, obligaron a más austeridad en el peor momento de la crisis, agravando así la recesión; y no han servido para que los países pongan sus cuentas en orden durante la recuperación.

Finalmente, las normas presupuestarias de la UE han asfixiado la inversión pública, que todavía no ha recuperado los niveles previos a la crisis. De hecho, una de las opciones que sopesa el Ejecutivo comunitario es dar un tratamiento especial a las inversiones verdes, con el fin de que los Estados miembros puedan dedicar más fondos públicos a facilitar la transición hacia una economía climáticamente neutra. Pero todavía no tiene claro cómo hacerlo.

De hecho, la Comisión ha eludido este miércoles presentar propuestas concretas de reforma. Se limita a lanzar una consulta pública para que todos los interesados, incluidos los Gobiernos y los parlamentos nacionales, den su opinión. La legislación no llegará hasta después del verano. Y en Bruselas nadie es optimista sobre las posibilidades de que prospere. La brecha entre los países del norte, que piden más disciplina fiscal, y los del sur, que abogan por relajar las reglas, se mantiene intacta. Cualquier acuerdo parece muy difícil.