Madrid, 6 feb (EFECOM).- El ex consejero dominical del Banco Popular Jaime Ruiz Sacristán ha asegurado este jueves en la Audiencia Nacional que la entidad era "muy solvente" y que jamás sospechó de que estuviera ofreciendo una imagen alejada de su realidad, como demuestra que invirtiera 390.000 euros en ella.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Ruiz Sacristán, que ha comparecido en calidad de investigado por la gestión de la entidad, ha insistido en que confiaba en la buena salud del Popular ya que, de lo contrario, su grupo familiar -liderado por el magnate mexicano Antonio del Valle- no habría invertido casi 500 millones.

Asimismo, ha recordado al juez José Luis Calama que su llegada al banco se hizo efectiva a finales de 2016, meses después de la ampliación de capital por importe de 2.500 millones objeto de pesquisas y apenas medio año antes de su resolución.

Aquel octubre, Del Valle, su primo, dejó en manos de Ruiz Sacristán la representación del grupo financiero BX+ en el consejo de administración del Popular entre los rumores de una posible mala relación con el entonces presidente de la entidad, Ángel Ron, no sólo por la ampliación, sino por el supuesto tanteo del mexicano a otros bancos para una fusión.

A tenor de las fuentes, el exconsejero ha seguido la estela de Del Valle, que hace dos meses reconoció además que albergaba dudas sobre el equipo directivo de Ron y achacó la desaparición del banco a la falta de apoyo por parte del Gobierno español y de las autoridades europeas.

Actualmente, los inversores mexicanos, que llegaron a poseer más de un 4 % de la entidad, reclaman a España 470 millones de euros en un arbitraje internacional por la resolución del Popular y su venta inmediata al Banco Santander, lo que supuso la pérdida el dinero invertido.

Del Valle también está personado en la justicia europea, donde presentó un recurso legal contra la operación.

Con la de Ruiz Sacristán se cierra esta ronda de interrogatorios a los investigados; la próxima semana, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 tomará declaración a los inspectores del Banco de España cedidos a la causa como peritos judiciales, que en su informe del pasado abril concluyeron que la entidad era viable en la ampliación de capital.

No obstante, añadían que las cuentas reflejadas en el folleto informativo entregado a los inversores "no respetaban determinados aspectos de la normativa".

En octubre de 2017, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitía a trámite varias querellas como la de la asociación de consumidores OCU, contra los últimos presidentes de la entidad, Angel Ron y Saracho, y sus respectivos consejos de administración, dando inicio a la apertura de dos piezas separadas.

El auto del magistrado distinguía una primera etapa, con Ron al frente, período en el cual se investigaría la ampliación de capital de 2016 por valor de 2.505 millones de euros.