Madrid, 11 feb (EFECOM).- Los peritos judiciales del caso que investiga las dos últimas gestiones del Banco Popular han asegurado este martes en la Audiencia Nacional que la entidad era "solvente, viable y estable" a cierre de 2016, meses antes de su resolución, si bien han ratificado sus dudas sobre el tratamiento contable.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los expertos cedidos por el Banco de España también se han referido a la ampliación de capital de 2.505 millones suscrita ese año, operación cuyos objetivos no pudieron alcanzarse, han dicho, por la paralización de un plan de negocios que preveía, entre otros, desinversiones y ventas de activos, ya con Emilio Saracho en la presidencia.

Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández han confirmado así el contenido del informe que remitieron al juez José Luis Calama el pasado abril, en el que defendían que el Popular no era inviable en la ampliación pues a diciembre de 2016 "su patrimonio neto era de 11.088 millones y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones".

Con todo, su trabajo cuestiona que las cuentas de 2015 "no respetaban determinados aspectos del marco contable" del Banco de España, como se demostró tiempo más tarde, cuando la "corrección parcial de algunos de ellos causó las pérdidas a diciembre de 2016".

Unas sospechas a las que han hecho alusión a lo largo de sus dos primeros días de interrogatorio ante el titular del juzgado central de Instrucción número 4.

Los peritos han afirmado que el banco, en su clasificación de créditos dudosos, no seguía los estándares exigidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), que fueron transmitidos por el Banco de España a todo el sector, que, a diferencia del Popular, sí comenzó a aplicarlos.

Éstos han señalado además que albergan sospechas en materia de provisiones, cuyo nivel, han aseverado, se encontraba por debajo del resto de competidores como sabía el mercado.

No obstante, han admitido que identificar cualquier posible irregularidad en este apartado es algo "más complejo" de determinar.

También se han pronunciado acerca del sistema de tasación de activos inmobiliarios que siguió la entidad con el equipo directivo de Ángel Ron al frente, y que, según el peritaje, dio lugar a casos de "sobrevaloración" por "la debilidad del control interno".

En concreto, ponen en el punto de mira las tasaciones seguidas por el Popular hasta finales de 2016, pues aunque la metodología cumplía con la normativa internacional, contravenía la "propia política contable establecida por el Consejo", que rechazaba el uso de compañías que no figurasen en el registro.

Al respecto, ambos se han reafirmado a preguntas del juez en que se produjeron sobrevaloraciones "de manera sistemática", y han recordado que el Banco de España ya detectó en sus inspecciones una serie de activos que arrastraban tales problemas.

Sobre el folleto informativo de la ampliación de capital de 2016, los peritos entienden que fue "optimista" por la propia "relajación" de la política contable de la entidad.

Para ellos, la previsión que el Popular hizo respecto a su cartera de dudosos era inferior a lo registrado un año antes, algo que, en su opinión, no tiene sentido, según fuentes presentes en el interrogatorio.