Avilés (Asturias), 13 feb (EFECOM).- El presidente del comité de empresa de la factoría de Alu Ibérica en Avilés (antigua Alcoa), José Manuel Gómez de la Uz, ha declarado este jueves que el Estatuto para las electrointensivas “penaliza a las grandes consumidoras” y las deja en una situación "francamente preocupante".

“Ante las últimas noticias estamos todavía más preocupados, si cabe, que antes, porque estamos viendo que el Gobierno no solamente no está haciendo un estatuto que sirva para que los consumidores electrointensivos puedan operar en España, si no que nos están mintiendo”, ha indicado a Efe el dirigente sindical.

Gómez de la Uz ha dicho que el Gobierno asegura que va a ver una serie de rebajas, “pero ahora se comprueba que solamente afecta a los pequeños consumidores”, mientras que para los más electrodependientes, “que son los que las necesitan”, la rebaja es mínima.

Según el cálculo sindical. con el sistema de interrumpibilidad -por el que las empresas percibían dinero a cambio de desconectarse de la red en caso de necesidad- la industria electrointensiva obtenían unos descuentos de entre 28 a 30 euros por megavatio y con el Estatuto planteado esa cifra bajará a los 6 euros,

Gómez de la Uz, que ha acusado al Gobierno asturiano de ejercer de "palmero" del Ejecutivo central, ha añadido que la ministra de Industria, Reyes Maroto, fue la que vio "con muy buenos ojos" que Parter Capital comprara las plantas de la antigua Alcoa de Avilés y La Coruña “porque mantenía sus capacidades operativas”.

“Ahora, es esa misma ministra y su Gobierno quien no nos está dejando operar porque no nos dan las herramientas suficientes para poder hacerlo: no tiene lógica ninguna y, al final, está claro que este Gobierno no quiere una industria pesada y va a hacer lo posible para que no podamos operar”, ha subrayado.

La factoría avilesina de Alu Ibérica sólo mantiene operativa la producción de tochos y lingotes, pero las cubas de electrolisis con las que se fabrica el aluminio primario, cuyo funcionamiento requiere un enorme gasto energético y garantiza el mantenimiento de 200 empleos, aún siguen sin producir desde la salida de Alcoa y la empresa cree inviable reactivarlas con las medidas incluidas en el Estatuto.